Educacion

LAS ANTINOMIAS

2.1 La dualidad del modelo de inspección del sistema educativo: centralización versus descentralización.

A pesar de que en estos días es fuente de preocupación el informe de la OCDE por las cifras del fracaso escolar, el último barómetro del CIS[9] constata que para los españoles la educación no es motivo de inquietud. Soledad Gallego Díaz manifiesta[10] que no nos sentimos preocupados por la educación porque no la percibimos como un servicio público y creemos que podemos resolver la situación acudiendo a colegios privados, dice además, que sacar la educación del espacio público ha sido nuestro primer problema, y que los gobiernos de este país se sienten muy poco implicados con lo que pasa en educación porque no la consideran de su responsabilidad dado que fue transferida hace ya años a las Comunidades Autónomas.

Este sistema diluido de compromisos le ha estado afectando a la inspección que debería ser quien respaldara el derecho a la educación en todas sus vertientes. Pero para ello le ha faltado una sólida consideración, que le hubiese otorgado un poder fuerte, apoyándola para velar por la ley y poder así garantizar una educación de calidad en la que se cumplan los fines, el currículo, los objetivos, etc., y no, para resolver los problemillas burocráticos de los políticos de turno o ser usufructuarios del partido en el poder.

Es cierto que a partir de la Constitución y de la configuración del Estado de las Autonomías es competencia de los poderes públicos la inspección del sistema educativo, motivo por el cual se creó la Alta Inspección (1981)[11] y ésta siguió perviviendo con modelos de inspección preconstitucionales conformados por tres colectivos pertenecientes a Básica, Bachillerato y Formación Profesional. En esos momentos se desaprovechó la oportunidad de definir un modelo global e integrado de inspección. No se configuró como un todo en el que quedaran claras las responsabilidades de los poderes públicos, ni los diferentes ámbitos de actuación, ni la ordenación, regulación y ejercicio de la inspección educativa por las administraciones.

Hay que ser conscientes de que este planteamiento dual (Alta Inspección e Inspección Técnica) podría haber sido diferente ya que la Constitución no propone un modelo cerrado. El hecho de que no se haya concluido hasta el año 2000 el proceso descentralizador en materia educativa, ha dado lugar a tener un escenario educativo provisional y esto puede haber ayudado a favorecer un estado de precariedad en la inspección.

Elías Ramírez Aisa estudia cómo la Alta Inspección, que no figura como tal en la Constitución, seguramente para evitar conflictos con los nacionalistas, aparece en los primeros Estatutos de Autonomía del país y cómo Cataluña y el País Vasco plantearon al Tribunal Constitucional un conflicto de interferencia y de competencia entre los dos modelos, el de la Alta Inspección y el autonómico; la sentencia[12] de éste no se identifica con los planteamientos nacionalistas y refuerza "el papel constitucional del Estado en materia educativa" (Ramírez Aisa, 1999, p. 290) y viene a decir además que el concepto de alta inspección es de muy difícil delimitación, aclarando algunas cuestiones de la potestad inspectora en educación[13].

Quizás la Alta Inspección, salvo raras excepciones, ha tenido un comportamiento políticamente correcto para no herir sensibilidades ni interferir en las políticas autonómicas, lo que ha generado una Alta Inspección educada y suave que se dedica a control de títulos, becas, subvenciones y otras cuestiones similares; ejerciendo débilmente la función fundamental de comprobar y potenciar la inclusión de los aspectos básicos en los currículos autonómicos, y lo que es más importante, que éstos realmente se llevan a cabo en las clases, así como velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación. En esta línea cualitativa, la Alta Inspección debería intervenir más en materias como la inmigración, el fracaso escolar, la convivencia escolar y la evaluación del conjunto del sistema educativo. Por supuesto, todo ello requiere la cooperación y colaboración de las administraciones educativas. Se están dando ejemplos en este terreno como son el Plan PROA, que consiste en la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de

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