LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: TRAYECTORIA RECIENTE Y ESCENARIOS FUTUROS

• La expansión de la educación superior

La educación superior, hasta mediados del siglo pasado, era ofrecida por un pequeño número de instituciones educativas principalmente públicas orientadas a la formación profesional y fuertemente comprometidas con la reproducción de las élites (Camp, 2006; Loaeza, 1988). Dicho exclusivismo social no las protegía de las fuertes presiones originadas en los procesos de cambio social, político y económico. La historia de las universidades mexicanas en la segunda mitad del siglo XX está marcada por la erosión de este modelo elitista y el surgimiento de un sistema más abierto a las demandas sociales y económicas.

La industrialización y la urbanización provocaron profundas transformaciones en la estructura productiva y social que, entre otros efectos, propiciaron una mayor presión sobre los servicios educativos (aumentando la demanda de trabajadoras calificados).

El crecimiento de la matrícula de educación superior tardó en materializarse porque una serie de cuellos de botella bloqueaba la expansión tanto de la oferta como de la demanda de educación superior. Los obstáculos se originaban, entre otros factores, en el rezago educativo que se mantenía como un lastre permanente y en el conflicto irresuelto entre el Estado y la Universidad Nacional, que se arrastraba desde la década de los treinta. El rezago educativo era de tal magnitud que sólo una pequeña proporción de los jóvenes concluía la enseñanza media y podía continuar sus estudios universitarios.

En 1945 la Universidad y el gobierno diseñaron un mecanismo de convivencia mediante el cual el gobierno garantizaba el apoyo financiero y el respeto a la autonomía universitaria y la UNAM aseguraba la “despolitización” de sus procesos internos (Ordorika, 2003). Este acuerdo permitió una etapa de expansión para las universidades ya que incluía iniciativas dirigidas a ampliar la oferta educativa para atender una demanda que crecía alentada por el cambio económico y demográfico.

A finales de los setenta, el sistema de enseñanza e investigación superior había alcanzado un considerable tamaño y grado de diversificación. Sin embargo, tal infraestructura se mostraría insuficiente para absorber las presiones sociales que demandaban una ampliación de los canales de acceso a la educación superior, por lo que en esta década se dio un aumento de la matricula.

Para tratar de lidiar con este aumento de matrícula, La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en una serie de reuniones llevadas a cabo entre 1969 y 1974, elaboró un programa ambicioso de reformas a la educación superior que era complementario al interés del gobierno federal por impulsar la ampliación de las oportunidades educativas.

Las propuestas incluían la creación de un sistema de créditos común para facilitar la movilidad de estudiantes y profesores, el establecimiento de un sistema nacional de exámenes, la expansión de los programas de posgrado, la realización de evaluaciones regulares a los programas e instituciones, el fortalecimiento de las relaciones empresa-universidad, la creación de un programa de formación y actualización para profesores universitarios y el impulso a la modalidad abierta y a distancia.

Sin embargo, la implementación de estas reformas nunca adquirió un carácter generalizado. En contraste, el gobierno federal impuso su proyecto de ampliación de la oferta de educación superior. Este giro se vio nítidamente reflejado en el aumento de la matrícula de la educación superior y en el crecimiento sostenido del financiamiento público.

El abrupto crecimiento de la matrícula en los años setenta y la contracción del financiamiento público durante los ochenta se combinaron para hacer visible uno de los rezagos más graves del sistema de educación superior: la deficiente calidad de sus servicios. Si bien el deterioro

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