Primeras Experiencias Democráticas Argentinas

Construcción y estabilidad democrática argentina durante la primera mitad del siglo XX

A lo largo de la primera mitad del siglo XX la Argentina construyó una sociedad democrática, la que generó una ciudadanía con vocación para la igualdad política. Le dio sentido a la ley Sáenz Peña y animó al radicalismo y al peronismo, nuestras dos grandes experiencias democráticas de la primera mitad de siglo.

El país asumió en este siglo, de una u otra manera, una forma específica de designación de autoridades y de representación política; una manera pública, racional y civilizada, de negociar los conflictos de la sociedad, y también un sistema de gobierno que asume los principios de la más antigua tradición republicana, valores y significados propios de la democracia que si bien se hallan instalados en el imaginario político, sus realizaciones prácticas, en palabras de Luis Alberto Romero, han sido siempre insatisfactorias, esporádicas, llenas de promesas incumplidas.

A las claras podemos observar que se ha afirmado, por un lado, el principio de legitimidad democrática (el apego mayoritario de los ciudadanos y partidos a las reglas de sucesión pacífica del poder) y, por otro, no se han superado las deficiencias institucionales y las profundas desigualdades sociales que representan serios desafíos para la estabilidad de la democracia.

Hugo Quiroga plantea que lo que no se ha registrado en la historia política argentina, al menos hasta 1983, es la completa actuación de la Constitución Nacional, lo que evidencia que la Ley Suprema no pudo garantizar por si misma la existencia de un orden democrático estable. Nuestra democracia constitucional fracasó en sus múltiples intentos de estabilidad, inmersa como estuvo durante tanto tiempo en un rumbo errático que la llevó a alejarse del juego electoral limpio y pluralista y del respeto a las leyes. La democracia se vuelve inestable por la falta de confianza en las reglas de procedimiento constitucional, en la ausencia de un sistema de alternancia y en la desobediencia de los militares al poder civil.

Tanto el gobierno radical que se inicia en 1916 como el peronismo de la primera mitad de siglo, se constituyeron en las primeras experiencias democráticas, y por este motivo considero que resulta fundamental su análisis ya que la democracia actual, no es ajena a las realidades y condiciones de su pasado, es decir, de un pasado que le da origen y condiciona, pero que, a su vez, puede terminar siendo transformado por ellas. Sin duda, la fragilidad de nuestro pasado democrático repercute en la capacidad actual del sistema político para crear mejores condiciones de estabilidad.

Primer Experiencia democrática. Radicalismo 1916- 1930

La historia de la democracia argentina es desde los inicios entrecortada. Una democracia de corta duración – nuestra primera forma efectivamente democrática – se instauró entre 1916 y 1930, poniendo fin a un estilo de sufragio tutelado y a técnicas de control clientelar, lo que condujo a ampliar el nivel de participación política mediante el ejercicio de elecciones libres, plurales y competitivas. Durante 18 años la competencia por el poder permaneció abierta, aunque no se logró establecer en ese tiempo un verdadero sistema de alternancia. Un periodo muy breve, en el contorno de un universo complejo que descansó en continuidades profundas, no permitió fortalecer, entonces las instituciones democráticas ni crear un sistema de legitimidad en torno a ellas.

En todo proceso de democratización puede distinguirse una parte atribuible a las demandas de la sociedad y otra a la oferta hecha desde el poder: a lo conseguido y a lo concedido. En el caso argentino, en 1912 lo segundo excedió largamente lo primero. Ciertamente no faltaban a principios de siglo reclamos de apertura democrática, pero en verdad tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Socialista eran por entonces partidos de cuadros, que debían animar y hasta excitar a una masa de habitantes no demasiado interesados en aprovechar los beneficios de la ciudadanía. No es que fueran apáticos sino que los espacios políticos que ofrece la democracia no les parecían atractivos o útiles para dirimir los conflictos. Fueron las elites políticas quienes vislumbraron las ventajas de la democratización política para canalizar en esos espacios de negociación los conflictos sociales, para revitalizar la legitimidad del Estado, e inclusive para airear un poco la propia práctica política, dominada por caudillos y maquinarias electorales. Para ello era necesario constituir una ciudadanía que tardaba en aparecer espontáneamente de modo que este debía ser obligatorio.

A partir de ese acto inicial, de esta decisión tomada desde el Estado, la sociedad aceptó la propuesta. Lo hizo tímidamente al principio – la participación electoral en las elecciones posteriores a 1916 fue sorprendentemente baja – y firmemente luego, hasta llegar a la plebiscitada elección de Yrigoyen en 1928, verdadero pico de participación y movilización, a su vez, los ciudadanos aprendieron a construir la ciudad y la ciudadanía; reclamaron por el arreglo de una calle, por su iluminación o por la habilitación de una escuela en un barrio nuevo, y canalizaron esas demandas a través del comité barrial, o peticionaron con seguridad a las autoridades.

En esta sociedad se desarrolló la primera experiencia de democracia política, la caracterizó la constitución de una masa ciudadana, que por medio de los grandes movimientos populares se integró al Estado y a la nación. Otro rasgo característico fue la larga erosión de las reglas del juego liberales y republicanas heredadas de la etapa anterior a 1912, y una creciente intolerancia y faccionalización de la convivencia política.

La UCR fue el primer partido democrático y democratizador. Yrigoyen le imprimió un estilo populista y plebiscitario, acorde con las formas, entonces novedosas, de la democracia de líder, y poco afín con las instituciones republicanas.

Aunque instalada con firmeza en el imaginario y en muchas de las prácticas de la sociedad, hacia mediados de siglo la democracia no había llegado a constituirse en un sistema eficaz para gobernarla.

La magnitud de la conflictividad superó las buenas intenciones y la capacidad del gobierno de Yrigoyen para administrar democráticamente los conflictos y lo llevó a tolerar una represión más dura que la tradicional. Sobre todo, las clases propietarias descubrieron no sólo que eran incapaces de competir electoralmente con el radicalismo, sino que en el nuevo contexto de crisis social y de crecientes dificultades económicas, tan distinto del clima tranquilo y optimista de 1912, la democracia había dejado de ser un sistema eficiente y confiable de gobierno. En diversos tonos, la alternativa

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