Prueba Documental

INTRODUCCIÓN

El Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, pretende en esencia lograr una mayor celeridad a los procesos cursados en las instancias judiciales del país, no por acelerar la rapidez de los mismos sino en virtud de estrechar la distancia entre la presentación de la demanda y la sentencia. Otorga especial relevancia a los tiempos procesales fijando entre otros la duración del proceso, un (1) año para la primera instancia y seis (6) meses para la segunda, y, el desistimiento tácito para aquellos procesos que por más de un (1) año permanezcan inactivos en primera instancia.

Así mismo contempla la integración de las nuevas tecnologías que aplicadas a las actuaciones judiciales, brindan la posibilidad de utilizar diferentes mecanismos que facilitan la gestión y coadyuvan permitiendo el acceso a herramientas en materia de comunicaciones y medios electrónicos para desarrollar eficazmente las actuaciones.

En cuanto a la prueba, contempla que ésta será valorada en forma oral, consagrando la facultad de decretar pruebas de oficio evitando así, la desigualdad en el proceso, eleva esta facultad a deber, lo que permite la verificación de los hechos con lo planteado por las partes.

Para el presente trabajo analizaremos en concreto la principales modificaciones, en análisis comparativo del medio de prueba documento a luz del nuevo Código General del Proceso y los cambios introducidos en el actual Código de Procedimiento Civil.

Si bien es cierto que una de las tendencias marcadas en el nuevo Código General del Proceso es la implementación de la oralidad en los procesos civiles, el documento no deja de ser sujeto activo dentro de las actuaciones, así y como se analizará posteriormente, no contempló la lectura del documento en la audiencia para su aportación al proceso, preservando la aportación material del mismo al expediente.

Otro aspecto a resaltar se encuentra en lo dispuesto en cuanto a la presunción de autenticidad de los documentos, modificación que por fin asegura la desformalización que requiere el proceso civil. Situación esta que desde el Decreto 2651 de 1991, pretendía esta tendencia.

Definido así los aspectos objeto del presente escrito, se abordará en particular lo a lo que el legislador consagró de forma sistemática para el medio de prueba documental.

DOCUMENTOS. Finalmente el legislador de manera integral y sistemática consagra la tan necesaria presunción de autenticidad de documentos, que es presupuesto indispensable para la desformalización que requiere el proceso civil oral o por audiencias. Son muchos los esfuerzos frustrados en esta materia desde el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991. Afortunadamente se impone en el CGP esta tendencia mundial que acompasa bien con la presunción de buena fe establecida en el artículo 83 de la Carta Política. Además, debe resaltarse que en todos los casos garantiza el debido proceso, el derecho de publicidad y contradicción de la parte contraria, porque siempre se le concede la oportunidad de revisar el documento, para tacharlo o desconocerlo.

Dice con toda claridad el artículo 244 del nuevo CGP: “es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”.

Los únicos memoriales que requieren presentación personal en el sistema del CGP son los poderes, porque así lo reclama el artículo 74 y exigirán autenticación los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, que al tenor del artículo 251 del CGP se aportarán apostillados o debidamente autenticados.

Todos los otros documentos y memoriales, públicos y privados, originales o copias, suscritos, manuscritos o elaborados, con reproducciones de la voz o de la imagen, emanados de las partes o de terceros, de contenido declarativo, dispositivo o representativo, las demandas, contestaciones, memoriales de interposición de recursos o de cualquier otra actuación, incluso los de sustitución de poderes y de disposición de derechos, entre otros, se presumen auténticos en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.

La presunción de autenticidad sigue aplicándose a los títulos ejecutivos, privilegio que claro está no los exime de tener que probar plenamente la existencia de una obligación expresa, clara y exigible a favor del acreedor y a cargo del deudor, características que deben surgir del contenido mismo del documento, porque no son consecuenciales necesariamente de la autenticidad presunta.

Se fortalece el pleno valor de los mensajes de datos, porque de acuerdo con el texto del artículo 247 “Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos”.

La amplia presunción de autenticidad, por la que siempre abogamos, es una disposición de avanzada que descongestiona porque agiliza el trámite al hacer innecesarias muchas autenticaciones, diligencias de reconocimiento y presentaciones personales, de numerosas personas, para múltiples documentos, en infinidad de procesos y en todos los despachos judiciales, con el consecuente ahorro de tiempo que puede dedicarse a otras labores más importantes en la administración de justicia. Además es una institución que hace primar el derecho sustancial sobre las formas.

El derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el acceso a la justicia, también se manifiesta en

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