Contenido Triple Sello

Dedicatoria

Dedico mi trabajo a mi hermosa Janna quien es el motor de mi vida

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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

La certificación “Triple Sello” es una iniciativa desarrollada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con el apoyo técnico del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y la participación de empresas como el Ingenio Azucarero Guabirá, La Chonta, Hipermaxi, UNAGRO, Ingenio Santa Cecilia e Instituciones como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Gobernación de Santa Cruz (SEDEGES-Servicio Departamental de Gestión Social), UNICEF, OIT (Organización Internacional del Trabajo), CAINCO, entre otras.

El “Triple Sello” está compuesto por tres Normas Bolivianas de certificación: Libre de Trabajo Infantil, Libre de Discriminación y Libre de Trabajo Forzoso. Al cumplir con los requisitos de estas Normas las empresas aseguran, por medio de una auditoría externa, que no incurren con trabajo infantil, discriminación, ni con trabajo forzoso en toda la cadena productiva de sus productos, dando la posibilidad a la empresa de utilizar esta marca de certificación al momento de comercializar su producto.

En noviembre de 2010, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,  lanzó la campaña “Hagamos Equipo Hacia el Triple Sello”, donde los productores cañeros reafirmaron su compromiso de erradicar el trabajo infantil en sus campamentos, para lo cual se conformó un equipo para que en la gestión 2011, voluntariamente, los productores cañeros reciban a una Comisión Evaluadora conformada por varias instituciones, que verifiquen el cumplimiento de los requisitos de la norma “Libre de Trabajo Infantil” del “Triple Sello” y así promover la erradicación del trabajo infantil y facilitar que la industria pueda obtener el certificado para sus productos. Actualmente el IBCE se encuentra promocionando la implementación de las Normas del “Triple Sello” entre empresas reconocidas del medio, comprometidas con la reducción del trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación e interesadas en certificar sus productos. ^[1]

1.2 Planteamiento del Problema

1.2.1 Antecedentes

Según datos de la Federación de Cañeros Santa Cruz, la superficie cultivada de caña en el departamento de Santa Cruz en la gestión 2013 era de 141.174.6 hectáreas superando a la del año 2012 donde se cultivaron 131.600 hectáreas, logrando de esta manera un crecimiento del 7,2 %, lo cual significa que la producción estimada estaría entre los 11,5 a 12 millones de quintales de azúcar sin contar Tarija.^[2] Este incremento, también trae planteos por parte de la Organización Mundial de Comercio a raíz de la utilización de políticas nacionales diversas, y entre ellas la utilización de mano de obra infantil en la zafra. Un caso extremo que refleja estas diferencias en las políticas nacionales reside en la posibilidad expresa o tácita de utilizar mano de obra infantil en la producción. Esta posibilidad ha establecido una creciente preocupación en diferentes grupos sociales vinculadas de alguna manera con la compra responsable. El consumo responsable es un concepto defendido por organizaciones ecológicas, sociales y políticas que consideran que los seres humanos harían bien en cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social. ^[3]

Bolivia ha sido observada por violaciones a los Derechos Humanos en materia laboral. Estas situaciones han sido denunciadas repetidamente por la misma OIT y otros Organismos Internacionales8. Gran parte de estas violaciones están asociadas a sistemas de producción agroindustrial. A fines de diciembre de 2007, el IBCE solicitó al IBNORCA el inicio de los trabajos tendientes a la creación de una nueva Norma Técnica, luego de haber finalizado en noviembre de 2007 una investigación en sectores y empresas del sector azucarero, con denuncias por violaciones a derechos humanos y trabajo infantil.

Dentro del proyecto Desarrollo Exportador con Inclusión Social (DEIS) que tenía en marcha el IBCE, se incluye el trabajo que dota al sector agro industrial boliviano de herramientas de ventaja competitiva mediante normalización en áreas de Derechos Fundamentales; estas herramientas pueden diferenciarlo de posibles competidores y le podrían abrir mercados, siguiendo la tendencia mundial que va hacia el consumo responsable basado en la compra de bienes producidos bajo estándares económico, social y ambientalmente responsables, a productos elaborados y certificados de acuerdo con las regulaciones de la OIT, la declaración universal de los Derechos Humanos, el Pacto Global de la ONU y los protocolos sobre Medioambiente.

A este contexto se añade el concepto de comercio justo, el comercio justo no admite niños trabajadores, pero en casos muy concretos regula su participación y la de adolescentes para evitar la explotación laboral infantil. El comercio justo se basa en criterios sociales y medioambientales, que defienden siempre los derechos e intereses de quienes toman parte en la actividad económica. Pero no puede obviar la realidad de los menores que ayudan a sus familias, con cuyos ingresos completan el salario para sostenerse.  ^[4]

Uno de los principios del comercio justo es el rechazo a la explotación infantil. De hecho, al adquirir los productos, se puede conocer su procedencia de elaboración.

La terminología “Fairtrade” o en español “Comercio Justo”, establece que el trabajo infantil tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT) queda prohibido. La prohibición del trabajo infantil es uno de los pilares de la certificación Fairtrade y de todo el movimiento de Comercio Justo. Con esta denominación “Fairtrade” se consideraron estándares, sin embargo no se refieren más que a determinados productos o a cierta escala de productores.

El trabajo infantil es síntoma y consecuencia directa de la pobreza extrema. Su erradicación es uno de los principales objetivos del Comercio Justo.^[5]

Para evitar verse vinculados con estas condiciones inadmisibles, países, sectores u organismos establecen regulaciones. Dada la importancia del mercado de los países desarrollados, la regulación de la entrada a dicho mercado se puede utilizar como un arma comercial. Concretamente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos tienen proyectos de ley o regulaciones parlamentarias en este sentido.

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