Análisis Comparativo Ley 26206 Y Ley 24195

Análisis comparativo de la Ley Federal de Educación (24.195) y la Ley de Educación Nacional (26.206)

Estudio comparativo entre la Ley Federal de Educación (LFE) – 1992 y la Ley de Educación Nacional (LEN)-2006. La primera fue la norma central que expresó la Reforma Educativa de la década neoliberal en nuestro país. Acompañó la Reforma del Estado propiciada por el gobierno de Menem en acuerdo con los organismos internacionales. La segunda, sancionada durante el gobierno de Kichner, derogó la anterior 16 años después. Fue presentada como alternativa para responder al descontento frente a la crisis del sistema educativo luego de la aplicación de la mencionada Reforma. La LEN, sin embargo, no significó una ruptura con la Reforma de los 90 y que mantuvo sus líneas centrales.

La Ley Federal de Educación:

La Reforma del Estado en educación

Contexto socio- histórico

En la década del 90 se consolida un proceso de reestructuración del capitalismo, caracterizado principalmente por un cambio en el modelo de acumulación, proceso que se inicia en la década del 70, a partir del agotamiento del modelo de acumulación fordista. Este nuevo modelo al que se podría denominar de acumulación flexible tiene entre sus características principales: el crecimiento de la hegemonía del capital financiero internacional, ante los cuales los Estados-Nación pierden poder y soberanía, el crecimiento de un mercado global altamente competitivo y una revolución en las tecnologías de la comunicación y producción para la que se necesitan cada vez menos cantidad de mano de obra.

En este marco los Estados- Nación deben generar condiciones para lograr la competitividad en el mercado global, que implican apertura comercial y financiera desregulación económica, flexibilización de los mercados laborales, lo que se tradujo en un aumento de la desocupación y precarización laboral.

En nuestro país, condicionado por la deuda externa, los organismos de crédito internacional tuvieron un importante papel ejerciendo presión para la aplicación de las políticas neoliberales durante esta década. Las mismas implicaron un cambio en el papel del estado que, lejos de achicarse o reducirse, tuvieron un rol activo en el direccionamiento macro político y económico. Los principales lineamientos de estas políticas fueron el ajuste fiscal, las privatizaciones de servicios públicos, la desregulación económica, la acentuación de una política fiscal regresiva, entre otras medidas.

Por otro lado, estas políticas neoliberales se combinaron con tendencias neoconservadoras en lo político, reduciéndose la democracia sólo a un aspecto formal, sin participación real de los diversos actores sociales, y el ejercicio de la ciudadanía se reduce al acto electoral. Así, el Estado no sólo sienta las bases institucionales para el funcionamiento del mercado, sino que pasa a ser instrumental a éste. Asimismo, se transfieren lógicas mercantiles al interior del estado, que es satanizado como ineficiente, mientras el mercado es exaltado como símbolo de la eficacia y racionalidad. En Argentina la década de los 90 fue gobernada mediante dos presidencias por el presidente Dr. Carlos Saúl Menem.

La Reforma educativa, entre el ajuste y la gobernabilidad

La Reforma del Estado impulsada por los organismos internacionales se expresó en educación en la llamada Reforma Educativa consistente en un paquete de leyes y medidas. En el año 1992 se sancionó la Ley de Transferencia (Nº 24.049) por la cual se transfirieron las escuelas preprimarias, medias y terciarias de la nación a provincia (la primaria y escuelas de adultos ya habían sido transferidas en 1978 durante la última dictadura militar Argentina).

La transferencia de establecimientos educativos fue una política de los organismos internacionales que obedecía a una doble lógica. Por un lado financiera y por otro política. La lógica financiera tuvo un discurso expreso. A fin de que Argentina garantizara el pago de la deuda externa, la firma del Plan Brady con el FMI en el año 91, exigía la reducción de gastos mediante la transferencia de servicios educativos y de salud a las provincias. Desde la segunda, se pretendía desarticular las luchas docentes de la década anterior en el mundo y en nuestro país que habían puesto en evidencia la inconveniencia para el mantenimiento de la gobernabilidad, de sostener la centralidad nacional de los sistemas educativos. Los reclamos docentes y estudiantiles por más presupuesto, salarios, etc., se traducían en enfrentamientos directamente políticos contra los estados nacionales. La descentralización aparecía así como una forma de descomprimir estos enfrentamientos.

Los gobiernos provinciales debieron afrontar una difícil situación ya que carecían de fondos suficientes para sostener los niveles educativos transferidos llegándose a casos donde no pagaban los sueldos hasta 5 meses y los días de sin clase por los reclamos salariales llegaron a ser de hasta 100 días al año. Para responder a esta nueva situación, hubo también una reorganización del financiamiento educativo a través de la Ley de coparticipación federal.

La coparticipación federal de los recursos nacionales establece que existe una masa no coparticipable y otra coparticipable, por la cual se realiza una distribución primaria: se destina 40% para el gobierno nacional y 60% para los gobiernos provinciales. Luego se realiza una distribución secundaria, es decir, se dividen los ingresos por cada provincia.

Pero los fondos coparticipables no compensaron los gastos que supuso la transferencia. Se pasó de una relación de inversión del presupuesto consolidado nacional del 34.5% de Nación y 65,5% en las provincias durante el 88 a 17,3% y 82,7% respectivamente en el 2002. Esto condujo a una brutal desigualdad educativa con provincias que oscilaban de 1 a 4 en su nivel de gastos por alumnos: 688$ por alumno en Salta contra 2799$ en Santa Cruz para el promedio del período 94-2000. Si bien esta relación es menor si se atiende a la diferencia de costo de vida entre estas provincias, la comparación entre Capital Federal y provincia de Bs As que tienen un costo de vida similar resultan elocuentes: 1527 $ contra $ 926 por alumno respectivamente para el mismo período.

Lo estatal y lo privado en un pie de igualdad

La Ley Federal de Educación (LFE) establece que el sistema nacional de educación está constituido tanto por las instituciones particulares como por las estatales siendo la única diferencia la gestión. Las escuelas privadas tienen derecho a formular planes y programas de estudio, otorgar títulos reconocidos (Artículo 36 inc. a) y a recibir aportes monetarios provenientes de fondos públicos (Artículo 37)

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