Autonomía BCCR

El papel del Banco Central

La nación 22 junio 2003

• La estabilidad no garantiza el desarrollo, pero la inestabilidad lo impide

Francisco de Paula Gutiérrez

Los acontecimientos recientes, relacionados con la solicitud del Instituto Costarricense de Electricidad para emitir bonos, han puesto sobre el tapete de la discusión el papel del Banco Central, la naturaleza de sus decisiones y la mezcla de la política económica. Quisiera compartir con los lectores algunas reflexiones sobre esos elementos.

La autonomía del Banco Central. La importancia de un banco central autónomo de las presiones políticas es reconocida por la mayoría de los estudiosos de la Economía. La experiencia señala que aquellos países donde el Banco Central está sujeto a este tipo de presiones y se tratan de ignorar las restricciones económicas, tarde o temprano enfrentan episodios de alta inflación y fuerte devaluación. La historia es rica en ejemplos, entre ellos, el Chile de Allende, la Nicaragua de los sandinistas o el Perú de Alan García.

El respeto a la autonomía del Banco Central es esencial si pretendemos mantener la estabilidad económica que el país ha ido logrando, a base de mucho costo y sacrificio, después de la crisis generada durante el gobierno de don Rodrigo Carazo. En esa época, se financiaron alegremente los desequilibrios fiscales, aduciendo la importancia de los proyectos y de las instituciones; se ignoraron las restricciones económicas “porque eran imposición de los organismos internacionales”; se jugó con la independencia del Banco Central pues era importante financiar el gasto, aunque fuera con emisión. Consecuencia de ese período fue una alta inflación, un incremento en el desempleo, una agudización de la pobreza y una fuerte contracción en la inversión pública.

Pedir autonomía para el Banco Central no es solicitar una patente de corso para hacer lo que se antoje, sino permitir a las autoridades tomar sus decisiones apoyadas en criterios técnicos. El marco jurídico del Banco Central está definido en su ley orgánica. Ahí se establecen sus objetivos y se definen los instrumentos para alcanzarlos. Uno de ellos es la facultad de dictaminar sobre el endeudamiento del Gobierno y las instituciones públicas.

Los dictámenes del Banco. El artículo 106 de la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica establece, con claridad, los aspectos sobre los que el Banco debe pronunciarse cuando el Gobierno o las instituciones públicas quieran endeudarse en los mercados locales o externos. El dictamen no se refiere a la importancia del proyecto a financiar o a la situación de la institución que busca los recursos. Son otras instancias gubernamentales las que deben opinar sobre estos aspectos. El dictamen se refiere al impacto que tendría el nuevo financiamiento sobre las variables monetarias, financieras y la situación externa del país.

Aunque este tipo de opinión no sea del agrado de muchas instituciones, que pueden sentir restricciones a su gestión, es necesario comprender la importancia de los pesos y contrapesos en el sector público. Las limitaciones establecidas en diferentes leyes son fundamentales para mantener los equilibrios básicos de la economía y para controlar el uso de recursos públicos. Por ello, es clave el respeto a las disposiciones de la Contraloría, la Autoridad Presupuestaria, la ARESEP o el Banco Central. Las empresas públicas no pueden pretender ser consideradas como privadas debido a una razón muy sencilla: porque no lo son.

La situación de las finanzas públicas. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos totales del sector público. Como tal, indica el exceso de gasto a ser financiado con endeudamiento o con emisión monetaria. El año pasado el sector público global mostró un déficit muy elevado. Desequilibrios fiscales altos ponen en peligro la estabilidad y el crecimiento económico y fuerzan al Banco Central a actuar utilizando los instrumentos a su alcance.

Las consecuencias del desequilibrio fiscal se reflejan en una presión al alza en las tasas de interés, limitándose la capacidad de los sectores productivos para generar un ritmo adecuado de crecimiento y de generación

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