Círculo de Empresarios

Es sorprendente que el Círculo de Empresarios y el presidente de su Comité de Política Económica, Fernando Eguidazu, se hayan interesado de un modo tan directo en la defensa de la reforma de la política agraria común (PAC) propuesta por el comisario europeo Fischler.

Tal vez lo más extravagante de su argumentación sea el método inductivo utilizado, basado en la suma, para concluir que la agricultura española no añade nada a la economía nacional, más bien resta riqueza, ya que su valor añadido y su aportación al PIB resultan negativos, al restar de dichas macromagnitudes la adición de las subvenciones de la PAC, el déficit de la Seguridad Social Agraria y las que se conceden a determinados inputs agrarios, como el agua y el gasóleo, de un modo directo o indirecto. Por razones de espacio, no trataré el fondo, centrándome en el método seguido, así como en la conclusión: el apoyo a la propuesta de la Comisión.

El método de sumar cantidades numéricas, nada significa si no existe un análisis de la naturaleza y los destinatarios de dichas subvenciones. Es obvio que la PAC es hoy una miscelánea de programas, algunos irracionales, cuyos objetivos y beneficiarios son muy diversos. ¿Por qué sumar el déficit derivado de las pensiones de los agricultores del pasado, con las subvenciones a los agricultores actuales y adjudicárselo, todo ello, a la agricultura del presente, como actividad económica? Cuando tanto se elogia la reforma llevada a cabo en Nueva Zelanda, ¿se ha considerado la carga fiscal que soporta el gasóleo agrícola en aquel país? ¿Consideran realmente riguroso utilizar un precio medio de 3,03 pesetas/m3, para el consumo de agua agrícola en España? En su comparación con el precio urbano, ¿tienen en cuenta los costes asociados, por calidad, por garantía de suministro..?

El método de la suma, carente de análisis, nos arrastra a una conclusión paradójica: la agricultura española resta riqueza a este país. Este extremismo antifisiócrata, tan pasado de moda como aquella antigua doctrina, contrasta con el hecho de que, a pesar de las limitaciones climatológicas y físicas del territorio, siendo España el país más montañoso de la UE, a pesar de todo ello, el sector agrario presenta un excedente comercial positivo con el exterior, debido a su capacidad empresarial. Bien es cierto que uno de los protagonistas, aunque no el único, de este superávit es el sector hortofrutícola, que apenas recibe subvenciones directas. Al menos eso se dice, al no haber sumado las inversiones públicas previstas en el Plan Hidrológico Nacional (más de tres billones de pesetas) o en el Plan de Regadíos (medio billón de pesetas). Lo cierto es que, ya puestos a sumar sin sentido, ¿por qué unas cantidades y no otras? Al incluir globalmente los gastos completos del Feoga, se incorporan partidas con objetivos medioambientales y territoriales, de desarrollo rural, de fomento a la transformación industrial.

Por tanto, ¿por qué no restar las escuelas cerradas en el medio rural o su déficit en infraestructuras, sanidad y bienestar social en general?, ¿por qué ha emigrado la población, a pesar de la generosidad de la política agraria?

De cualquier modo, parecería más lógico que el informe propusiera una disminución o supresión de estas subvenciones y no, como hace

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