Educación

Las consecuencias de los procesos de reforma del Estado y de aplicación de las políticas derivadas del modelo neoliberal, han sido similares en casi todos los países de la región en términos de primacía del sector financiero de la economía, polarización social, profundización de la pobreza y crecimiento del desempleo; y disolución de los lazos de integración ciudadana fundados en políticas de aspiración universal, entre otras. El denominador común de los gobiernos de nuevo signo en la región es la relativamente amplia oposición al consenso político reformista de los ’90 y la recuperación de la centralidad del Estado en la implementación de políticas más inclusivas (Moreira etal., 2008). Sin embargo, estas políticas siguen conviviendo con viejas modalidades de intervención estatal.

El análisis se divide en dos períodos: el primero, se centra en el estudio de las políticas educativas durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), caracterizadas por transformaciones importantes a nivel de la legislación y menores avances en términos de políticas concretas que garanticen su efectiviz ación. El segundo período, examina las políticas en curso del actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), en el que se observan avances en las políticas destinadas a la inclusión social.

El neoliberalismo argentino se caracterizó más que por la construcción de un Estado mínimo, por un proceso de reingeniería estatal bajo la retórica de lograr un Estado eficiente – que no interfiera en la eficiencia del mercado –; “más que un vaciamiento o achicamiento del Estado”, se trató de su reorientación e institucionalización en un sentido específico: el de la limitación administrativa del poder del demos en el proceso de configuración de la política pública (Morresi, 2007). La recentralización en términos de regulación política fue una característica distintiva del accionar estatal en los ´90, limitando la soberanía de las jurisdicciones en la definición de políticas.

El Presidente Menem (1989-1999) llevó a cabo durante sus dos presidencias una reforma de carácter fundacional tendiente a expandir el sistema educativo sobre nuevas bases.2 La autodenominada “transformación educativa” buscó establecer nuevos criterios de gestión en el funcionamiento del sistema basados en los principios de autonomía y responsabilidad individual por los resultados educativos. Los cambios también estuvieron destinados a la contención de los sectores socialmente excluidos (Feldfeber, 2003).

Entre las principales bases que orientaron la transformación encontramos la Ley de Transferencia de servicios educativos de nivel medio y superior no universitario (n. 24.049, sancionada en 1991 y promulgada en 1992) mediante la cual se transfirieron las instituciones de dependencia nacional hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires; la Ley Federal de Educación () (n. 24.195, 1993) que fue la primera ley nacional que abarcó todo el sistema educativo y el Pacto Federal educativo (suscripto en 1994 y convertido en Ley n. 24.856 en 1997) como herramienta para concertar federalmente las acciones y los recursos para la implementación de la . También se sancionó la Ley de Educación Superior (n. 24.521, 1995) que plasma un modelo de estado evaluador asociado a la lógica de mercado y se modificó, en la Reforma Constitucional de 1994, la cláusula acerca de las leyes de organización y de base del sistema educativo que debe sancionar el Congreso que incluye juntos los principios de gratuidad y equidad3 (art. 75, inc. 19).

El papel del Estado se presenta en forma ambigua: en algunos aspectos aparece como principal e indelegable y en otros como subsidiario o secundario otorgando un rol importante a las familias, la Iglesia y el sector privado Por otro, concentra las funciones de control en manos del gobierno central.

La Ley incluyó a la educación privada dentro del concepto de lo público, diferenciando por el tipo de gestión: educación pública de gestión estatal y educación pública de gestión privada (Feldfeber, 2003). En materia docente las políticas estuvieron centradas, luego de la transferencia de las Instituciones de Formación Docente de dependencia nacional a los estados subnacionales, en las demandas de profesionalización y autonomía y en la discusión de nuevos criterios para definir la carrera laboral de los docentes. Para “compensar” las desigualdades se desarrollaron políticas asistenciales y compensatorias a través del Plan Social Educativo.

Este modo de hacer política, implicó un cambio de los modelos de prestación de aspiración universal basados en la reciprocidad que supone la educación como derecho y que se había expresado a lo largo de la historia del sistema educativo nacional en la progresiva expansión de una educación común.

La implementación de la reforma de los ’90 redefinió el rol docente del Estado, trasladó la responsabilidad a las jurisdicciones a la par que re centralizó mecanismos de control en manos del gobierno nacional; profundizó las diferencias entre las jurisdicciones y las tendencias a la fragmentación del sistema; agudizó los irresueltos problemas del federalismo; deslegitimó el saber de los docentes frente al saber de los expertos y colocó a los estudiantes en condición de pobreza en el lugar de sujetos asistidos.

La política del gobierno del Presidente Néstor Kirchner (2003-2007)

Después de la crisis de fines de 2001 y principios de 2002 y de un período de transición caracterizado por la inestabilidad institucional, la mega-devaluación de la moneda (con la consecuente baja del salario real), el aumento del desempleo y la instalación de la protesta social en las calles, el gobierno de Néstor Kirchner implementó una política económica centrada en la recuperación del mercado interno y del empleo. El núcleo central de esta estrategia fue la política cambiaria, que consistió en mantener un tipo de cambio real alto, que sirvió a la vez para proteger a la industria nacional de la competencia externa y a impulsar las exportaciones.

El área en que se produjeron cambios más significativos fue la de los derechos humanos. El gobierno asumió como política de Estado la condena a la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983), impulsó la derogación de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, sancionadas bajo presión militar durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos decretados por Carlos Menem, reabrió las causas para que pudieran ser juzgados quienes habían sido indultados y descabezó la cúpula militar. También se produjo el recambio de la

Corte Suprema de Justicia.

La política educativa del período y las transformaciones en el plano legislativo

La legislación

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