El Regimen Patrimonial Del Estado

EL REGIMEN PATRIMONIAL DEL ESTADO

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA FEDERACIÓN.

1.1 División de los bienes conforme a las leyes mexicanas

El conjunto de bienes materiales que de modo directo o indirecto sirven al estado para realizar sus atribuciones constituyen el dominio o patrimonio del propio estado.

En los términos de la ley general de bienes nacionales el patrimonio nacional se compone de: bienes de dominio público de la Federación y,

Bines de dominio Privado de la Federación. (Art. 1º.)

Los bienes de dominio público son:

Los de uso común; Los señalados en el Art. 27 párrafo cuarto y quinto y 42, fracción IV, de la constitución política. Los enumerados en la fracción segunda del Art. 27 constitucional.

El suelo del mar territorial y de las aguas marítimas interiores.

Los inmuebles destinados por la federación a un servicio público.

Los monumentos históricos o artísticos, muebles o inmuebles de propiedad federal.

Los monumentos arqueológicos muebles o inmuebles.

Los bienes de dominio privado son:

Las aguas y las tierras no comprendidas en el Art. Segundo de esta ley

los nacionalizados conforme a la fracción segunda del Art. 27 constitucional.

Los bienes ubicados dentro del DF.

Los que hayan formado parte de corporaciones u organismos de carácter federal.

Los bienes muebles al servicio de la dependencia de los Poderes de la Unión.

La ley establece que los bienes de dominio público estarán sometidos a la jurisdicción exclusiva de los poderes federales, desde la fecha en que otorgue su consentimiento la legislatura local de la entidad en que estén ubicados, salvo que se trate de bienes adquiridos por la federación antes del 1º. De mayo de 1917.

Jurisdicción sobre de ellos.

Respecto de los bienes de uso común las legislaciones modernas han adoptado diversos criterios que pueden adoptarse en estas dos orientaciones: una, que los considera como bienes sometidos al derecho de propiedad y otra como insusceptibles a tal derecho.

Dentro de la primera orientación y reconociéndose en todos los caso saque el uso es público y, por lo mismo regulado por prescripciones de derecho público, se pueden reconocer dos sistemas: el de la propiedad privado del estado o de los particulares y el de la propiedad pública del estado o de otras entidades públicas.

Dentro de la segunda orientación la que niega que los bienes del dominio público sean susceptibles de propiedad también pueden señalarse dos sistemas: uno que sostienes que ni el estado ni los particulares tienen derecho patrimonial alguno sobre los bienes que forman aquel dominio.

La propiedad sobre los bienes de uso común.

Los bienes de uso común pueden clasificarse dentro de dos puntos de vistas diferentes:

Dentro del punto de vista de la naturaleza de los propios bienes.

De la forma de su incorporación al dominio público.

Pariendo del primer criterio tenemos:

I) DOMINIO PUBLICO AEREO: La incorporación del espacio aéreo situado sobre el territorio y mares territoriales, ha sido impuesto por el desarrollo de las comunicaciones aeronáuticas.

II) DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO: El mar territorial hasta una distancia de 12 millas (22,224 metros) contado desde la línea de la marea baja.

Las aguas marítimas interiores.

Las playas marítimas.

La zona marítima terrestre.

Los diques, muelles, escoberas, malecones y demás obras de los puertos.

Los puertos, bahías, radas y ensenadas.

III) DOMINIO PÚBLICO TERRESTRE: Está constituido por los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional; por las riveras y zonas federales de las corrientes; por los caminos carreteras y puentes.

Clasificación de los bienes de uso común.

Desde el punto de vista de la forma de incorporación de los bienes de dominio público se pueden clasificar en dos categorías, los que constituyen el dominio natural y los que constituyen el dominio artificial.

Los primeros son aquellos que por su naturaleza misma quedan incorporados al dominio público, mientras que los segundos son aquellos que se incorporan por una disposición expresa de la ley.

2. LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

El régimen de concesión.

El Art. 27 de la constitución, establece en e los términos siguientes los bienes de aprovechamiento de dominio directo y los de propiedad de la nación aquel se ha hecho referencia. Dice así la parte relativa a ese precepto, “En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inhallable e imprescriptible, y la explotación el uso, o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y concesiones que establezcan las leyes. Las normas legales y normativas a obras o a trabajos de explotación a los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularan la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia independientemente de las fechas de otorgamiento de las concesiones y su observancia dará lugar a la cancelación de estas.

El gobierno federal tiene la facultad de establecer reserva nacional y suprimirlas.

Las declaratorias correspondientes se harán por el ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos y líquidos o de minerales radiactivos no se otorgaran concesiones ni contratos ni subsistirán los que se hayan otorgado y la nación llevara a cabo la explotación e esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva, corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir, y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos.

Los efectos de la concesión de explotación según las leyes.

Las concesiones de explotación generadas por la ley de minería producen fundamentalmente los siguientes efectos:

Aprovechar la aprobación y beneficio de las

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