Extranjeria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

ESCUELA DE DERECHO

SAN JOAQUÍN DE TURMERO-ESTADO ARAGUA

Bachilleres:

Rosibeth Martínez C.I: 16.338.218

Karenth Pérez C.I:19.112.352

Gerardo Maldonado C.I: 19.949.418

Esteban Matos C.I: 20.117.442

Zenaida Fernández C.I:20.285.711

Asignatura:

Derecho Internacional Privado

9no Sem.

San Joaquín de Turmero Marzo, 2013

CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS

Se entiende por extranjero a aquella persona natural que no es de padres de esa nacionalidad.

EL EXTRANJERO ANTE EL DERECHO PRIVADO

Existe un sistema igualitario del extranjero que es observado dentro de diferentes sistemas jurídicos que le imprimen un determinado carácter a tales sistemas. Así existen con relación a los derechos privados un sistema de reciprocidad que garantiza un tratamiento igualitario, uno de asimilación con grandes restricciones que ahoga completamente el principio igualitario y un tercero de asimilación del extranjero al nacional con pequeñas restricciones que no llegan a desnaturalizar la regla.

Con relación al principio o sistema de la reciprocidad hay que determinar que ese sistema trata de garantizar que sus nacionales gozarán en el exterior de los derechos y facultades que ese Estado otorga a los extranjeros. La reciprocidad puede ser de carácter diplomática o legislativa, y naturalmente la prueba o garantía de la reciprocidad será en este caso el tratado vigente o la comprobación legal del texto extranjero a través de los medios probatorios establecidos por el Derecho Internacional Privado. De acuerdo a este sistema, los extranjeros gozarán de los derechos privados en la misma forma en que están garantizados recíprocamente por el tratado o la ley.

Por su parte, el sistema de asimilación ofrece dos aspectos, el de asimilación con importantes restricciones y el mismo sistema pero sin importantes restricciones. El primero consiste en una declaración igualitaria de carácter teórico porque las restricciones son tan numerosas e importantes que desnaturalizan el sentido general. El segundo aspecto que ofrece este sistema es aquel en el cual las limitaciones o restricciones en el status del extranjero no son tan numerosas e importantes.

Este sistema es el que está vigente también en Venezuela.

En los actuales momentos los Estados todos que conforman la comunidad internacional han consagrado el goce de los derechos públicos a todos los habitantes de su respectivo territorio. De allí que la parte dogmática de las Constituciones modernas relativas a los derechos y garantías de los ciudadanos se extienda a todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros. En algunos Estados se han establecido algunas restricciones al goce de tales derechos, pero los derechos o libertades esenciales han permanecido incólumes. Sólo se han mantenido fuera del goce de los derechos políticos, los cuales se han considerado privativos de los nacionales. Sin embargo, en los últimos años en ciertos Estados se ha notado una tendencia a incorporar a los extranjeros a la actividad política limitada a la esfera municipal, condicionada a ciertos requisitos de residencia establecidos por las leyes.

En lo que se refiere a los derechos políticos, éstos tradicionalmente han sido privativos de los nacionales y, por lo tanto, los extranjeros han sido excluidos de ellos. El Código de Bustamante establece que "el extranjero no debe inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los ciudadanos del país en que se encuentren; si lo hiciere, quedará sujeto a las sanciones previstas en la legislación local".

Los derechos políticos son aquellos que dan oportunidad al ciudadano a intervenir personalmente en las cuestiones públicas. Consiste principalmente en el derecho de sufragio, es decir, elegir y ser elegido, asociación a partidos políticos, manifestaciones públicas y ejercicio del derecho de asilo.

RÉGIMEN LEGAL VENEZOLANO

En Venezuela la condición jurídica de los extranjeros siempre ha sido igualitaria en relación con el nacional. Esto se debe indudablemente al hecho mismo de la formación de la nacionalidad, en la cual no hubo distinción entre nacionales y extranjeros.

Tradicionalmente este ha sido el principio constitucional.

Artículo 31 CRBV. "Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo".

De conformidad con nuestro ordenamiento constitucional los derechos políticos son privativos de los venezolanos.

Artículo 39 CRVB. "Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución".

Artículo 40 CRBV. "Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución.

Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad".

Artículo 41 CRBV. "Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora

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