Ficha De Planificacion

Introducción.

La RAE es otra fundación sin ánimo de lucro, cuya financiación proviene en un 50% de fondos públicos y el resto, gracias a ser beneficiaria de mecenazgo, a través de la Fundación pro Real Academia Española (cuyo patronato preside el rey Juan Carlos), constituida mediante las aportaciones de empresas como Telefónica, el Grupo Vocento, el Grupo Prisa, Caja Duero, IberCaja, Caja Madrid, Banco Santander Central Hispano, Repsol YPF, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Fundación Endesa, El Corte Inglés, IBM, Iberdrola, Grupo Leche Pascual, Endesa, Fundación La Caixa, Espasa Calpe, Editorial Castalia, SM Ediciones, Fundación Santillana o Círculo de Lectores. Empresas que, a su vez, se benefician de la aplicación de reducciones fiscales gracias a estas donaciones y las condiciones de explotación de sus obras.

Instituciones que estudian el idioma español.

Desde hace un tiempo, algunos académicos, lingüistas y profesionales vienen advirtiendo que las principales fundaciones 'sin ánimo de lucro' e instituciones encargadas de velar por la lengua española y promover su cultura están iniciando una serie de negocios precisamente en detrimento de ellas. Para lo cual se está creando un entramado de entidades, acuerdos y convenios que permitan la explotación comercial de bienes intelectuales de propiedad colectiva y universal. Todo ello constituye un alarmante y escandaloso precedente.

La corrección de textos como negocio

Hace poco más de un año se creó la Fundación Español Urgente (Fundé u), cuyo principal objetivo es el de colaborar con el buen uso del idioma, especialmente en los medios de comunicación. La Fundé u “es el fruto de un acuerdo entre la Agencia Efe y el BBVA, dos instituciones que, conscientes del valor y la importancia que tiene el español en el mundo, quieren contribuir a su cuidado y prestigio internacional”. Está fundación, “sin ánimo de lucro”, es en palabras de su presidente, el director de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha, “un paso fundamental para la unidad de la lengua, [y] colabora para el cumplimiento de sus objetivos con todas aquellas instituciones relacionadas con la defensa del español” [1]. De ahí que, además de la RAE, estén presentes en su patronato el Instituto Cervantes y la Fundación San Millán de la Cogolla. Sin embargo, para la consecución de tales objetivos Fundé u-RAE ha creado un sello de calidad lingüística de pago. De modo que, en lugar de realizar una labor divulgativa y potenciar el trabajo de los profesionales en la materia ya existentes, se convierten ellos mismos en correctores para poder firmar convenios con grandes empresas de la comunicación y la publicidad. Hasta el momento han llegado a acuerdos con RTVE, Agencia Efe, Telecinco, Federación Nacional de Empresas de Publicidad y las universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá de Henares, entre otros. Todo ello dificulta el trabajo de los correctores lingüísticos pues, a su ya precaria situación laboral, ahora tiene que añadir un importante desembolso económico para poder acceder a sus herramientas de trabajo. Tanto los protocolos de corrección, como los libros de estilo aplicables a cualquier variedad de texto (consensuados por las distintas autoridades en materia de lenguaje especializado), constituyen otra de las líneas de negocio de la Fundéu.Pero además, algunos responsables de la Fundación utilizan su posición y sus contactos en beneficio personal. Es el caso del propio Coordinador General de la institución, Alberto Gómez Font, quien en compañía de otros dos socios han creado su propia empresa: la Oficina de Corrección del Español ABRA (www.abra.es).En su presentación a la prensa, el pasado 29 de marzo, Antonio Machín -director del proyecto- aseguró que ABRA nacía como “un nuevo espacio en Internet destinado a proteger el buen uso del español” y con el propósito de “crear inquietud y afición por el uso correcto del idioma”, además de “fomentar el debate y la consulta” gracias a la incorporación de artículos y colaboraciones de prestigiosos filólogos. Sin embargo, tras esas grandilocuentes palabras, lo único real es la creación de una empresa privada cuyo deseo es el de hacerse con una parte de los beneficios generados por la mercantilización de la cultura. Tampoco fue casualidad que para la elaboración y distribución de la noticia, reproducida en multitud de medios, se hiciera cargo la Agencia Efe, de titularidad pública pero embarcada con Fundé u en este negocio. Las actividades de ABRA se centran en la revisión y corrección de textos, la auditoría a empresas, la realización de cursos y conferencias, y la venta del Sello de calidad «Español Correcto». A modo de ejemplo, las tarifas de esta empresa en lo que se refiere a la “corrección orto tipográfica y de estilo” van de los 7,21 euros por página hasta los 60 euros por hora de trabajo.

Los negocios de la Real Academia Española

La RAE es otra fundación sin ánimo de lucro, cuya financiación proviene en un 50% de fondos públicos y el resto, gracias a ser beneficiaria de mecenazgo, a través de la Fundación pro Real Academia Española (cuyo patronato preside el rey Juan Carlos), constituida mediante las aportaciones de empresas como Telefónica, el Grupo Vocento, el Grupo Prisa, Caja Duero, Barcaje, Caja Madrid, Banco Santander Central Hispano, Repsol YPF, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Fundación Endesa, El Corte Inglés, IBM, Iberdrola, Grupo Leche Pascual, Endesa, Fundación La Caixa, Espasa Calpe, Editorial Castalia, SM Ediciones, Fundación Santillana o Círculo de Lectores. Empresas que, a su vez, se benefician de la aplicación de reducciones fiscales gracias a estas donaciones. De modo que a pesar de tener todos los costes cubiertos, la RAE trata de hacer negocio con sus obras académicas como si de una empresa privada se tratara. Además, como entidad financiada con dinero del Estado, podría esperarse que las adjudicaciones de sus contratos se realizaran a partir de convocatorias de concursos públicos. Pero, por el contrario, la ley la exime de estas 'molestias', con lo cual los directivos de la RAE eligen a su conveniencia las empresas con los que prefieren trabajar y las condiciones de explotación de sus obras.

Y ¿dónde queda entonces el bien público que, supuestamente una entidad como la RAE, debe perseguir? ¿Cuáles son los fines de interés general que debería potenciar en lugar de priorizar el interés propio?

Veamos algunos ejemplos:

• Hará un par de años, la RAE contaba en su página web con el avance del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD). Su acceso para la consulta era gratuito. Unos meses antes de su publicación por la Editorial Santillana fue retirado alegando dificultades

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