Ley Habilitante

Published On: Vie, nov 22nd, 2013

Opinión | By Amanda Ron

Ley habilitante

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Luis Prieto Oliveira (lprieto21@aol.com)

La Asamblea Nacional, aprobó en segunda discusión la Ley Habilitante, solicitada por el espurio Maduro, con la muy esperada adición del “diputado 99″, a quien tuvieron lejos de la vista del público hasta que lograron la gran hazaña de desaforar a la diputada María Aranguren, principal por el estado Monagas, electa en las listas de Mi Gato, organización política regional encabezada por el ex gobernador de ese estado, conocido como el “gato” Briceño.

Esta es la última en la historia de las leyes habilitantes, que durante este régimen han proliferado, sobre todo por la evidente ineptitud de los personeros que han tenido a su cargo el mandato constitucional de ejercer el poder ejecutivo, Se ha consagrado un terrible hábito de los gobiernos, de tratar de solucionar los problemas “sobrevenidos”, como les gusta a ellos llamarlos, mediante la creación de instrumentos legislativos ad-hoc, emitidos con la omisión del necesario análisis legislativo, que, en cierta forma, garantiza la necesaria y obligatoria

separación y equilibrio de los poderes.

“Habilitación”

Toda persona que ha tratado de resolver cualquier problema en la administración pública venezolana, ha tropezado con una peculiar institución, posiblemente única en los anales del derecho y la praxis administrativa, que es el de la “habilitación”. Cuando hay que obtener un documento oficial, sometido o no al pago de un arancel administrativo o judicial, el ciudadano venezolano tropieza con un mecanismo muy particular de la burocracia criolla. El empleado ante cuya taquilla o escritorio acciona el solicitante, hace que consulta un grueso libro y le dice a la persona: “amigo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo xyz y las listas de prioridad, su certificado sólo podrá emitirse dentro de 45 días”. El cuitado, que requiere ese papel para ayer, porque se lo han solicitado a última hora, como culminación de un complejo proceso administrativo, contesta: “señor, yo necesito este papel con urgencia, ¿no hay alguna forma de que salga antes?”. El empleado asomando una sonrisa entre pícara y complacida, le riposta: “Bueno, caballero, si usted habilita, podría sacar ese papel para mañana”, “Bueno, ¿cuánto habría que pagar?”. Surge

entonces una cifra que depende de la urgencia que detecte el empleado, el aspecto del solicitante y la naturaleza de la gestión.

Este mecanismo, que aparentemente tiene un lejano origen en la administración colonial española, y que trataban de nacionalizar los aranceles de la corona, es uno de los más remotos precedentes de la corrupción administrativa.La habilitación, en del imaginario popular, es un truco para cobrar más y ganarse una plata fuera de sueldo.

La Constitución de 1961, la que duró más en su vigencia en nuestra historia, establecía que el presidente, cuando existieran circunstancias económicas graves, podría obtener poderes especiales del Congreso, con el voto favorable de una mayoría calificada, para legislar por decreto por un período máximo de 90 días, sobre asuntos económicos, exclusivamente. Dichos decretos deberían ser sometidos posteriormente a la consideración parlamentaria.

Durante sus 37 años de vigencia, durante la mal llamada cuarta república, los presidentes solicitaron y obtuvieron tales poderes en seis ocasiones y dictaron 172 decretos, todos ellos enmarcados en el área económica y financiera. La Constitución de 1999 en su artículo 203, previó la autorización al presidente para emitir decretos con fuerza de ley sobre cualquier materia, previa promulgación de una ley habilitante, votada por las dos quintas partes de los diputados miembros de la Asamblea Nacional.

Durante el ya insoportable régimen bolivariano, el presidente ha solicitado y obtenido 5 leyes habilitantes, con una extensión total de 3 años y medio, que son más de 25% del tiempo en el cual han gobernado. Esas leyes han generado 224 decretos con fuerza de ley, que en la mayoría de los casos no se han dedicado a las materias para las cuales se las solicitó. Por ejemplo, la primera habilitante, de 1999-2001, produjo decretos sobre

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