Reducción de la jornada laboral

Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad dejubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente eltrabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar. Prohibición de losdespidos en empresas con benefcios.

Derogación de las reformas laboralesimplantadas desde el estallido de la crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014.

Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal. Incremento signifcativo delsalario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximovinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional.

Aprobación de medidas destinadas a democratizar la dirección de lasentidades bancarias y cajas de ahorros. Ampliación de las competencias deorganismos públicos de crédito como el ICO de forma que se garantice alcrédito a sectores excluidos.

Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía:telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico4/36y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, quegarantice una participación mayoritaria pública en sus consejos deadministración y/o creación de empresas estatales que suministren estosservicios de forma universal

Limitar las privatizaciones de las empresas, reconociendo el derechopatrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas, y el caráctermeramente gestor de los gobiernos sobre las mismas.

Puesta en marcha de medidas destinadas a acabar con las denominadasprácticas fscales agresivas y deslocalización de benefcios de las sociedades5/36multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fscal que ladisparidad de legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda.

Establecimiento de un nuevo modelo con el fn de evitar la doble tributación y prevenir el fraude fscal, con sanciones penales y la obligación de devolver lo defraudado.

Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal

Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo. Supresión de todas las posibilidades de elusión para grandes fortunas y corporaciones empresariales contempladas en las legislaciones nacionales, haciendo efectivos los principios de 6/36generalidad, equidad y progresividad.

Impuestos a las grandes fortunas y fiscalidad progresiva sobre la renta. Aumento de los tipos impositivos del Impuestos de sociedades. Recuperación del Impuesto de Patrimonio basándolo en el principio de equidad, con un mínimo exento para la vivienda familiar en función de la renta, sin exenciones para segundas viviendas, y de aumento progresivo en función del valor del patrimonio

Aplicación de un IVA súper reducido para bienes y productos básicos. Modifcación de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del IVA, que introduzca un nuevo tipo agravado que grave los bienes de lujo entre un 30-35 %.

Respaldo presupuestario y ampliación del desarrollo de los centros públicos de I+D+i, favoreciendo así el retorno de investigadores y científcos españoles en el extranjero.

Reducción de la partida presupuestaria destinada al gasto militar para destinarla al sector de la investigación, especialmente la investigación básica.

Limitación de los niveles máximos de desproporcionalidad de los sistemas electorales. Adopción de compromisos para el incremento de la rotación y la desprofesionalización de la política.

Acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación públicos y privados de todas las candidaturas que concurran a elecciones

Aprobación de medidas legislativas conducentes a asegurar la laicidad y una verdadera separación Iglesia-Estado. Eliminación de los privilegios fscales de la Iglesia Católica, así como de los privilegios que se le conceden en materia educativa.

Fin de las políticas antiterroristas y de seguridad ciudadana que vulneren la libertad de expresión, los derechos de asociación, de manifestación y de protesta, y las garantías procesales que deben asegurarse para todas las personas.

Garantizar el derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia para las mujeres y las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales a través de un sistema jurídico de garantías que intervenga tanto en el ámbito público como en el privado

Reconocimiento de la pluralidad de modelos de familia y reconocimiento en todos los países del derecho al matrimonio civil, a la adopción y a las técnicas de reproducción asistida para todas las personas, con independencia de su sexo, su identidad de género y su orientación sexual.

Establecimiento de un sistema de garantías reforzadas a nivel europeo para garantizar la protección efectiva del derecho a la salud, la educación, la vivienda, la jubilación, la vida independiente de las personas con discapacidad, el cuidado y la atención de las personas dependientes, la protección frente al desempleo y la exclusión social, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar, el derecho a la ciudad, la movilidad y el transporte público, y el acceso a la justicia.

Plan de choque para la eliminación de la desigualdad entre las mujeres y los hombres en el ámbito laboral, para hacer efectivo el derecho humano al trabajo en condiciones equitativas y la independencia económica de las mujeres.

Devolución al sector público de todos los centros y hospitales privatizados.

Para ello se derogarán todas las leyes que permitieron esa privatización, y el RDL 16/2012 que cambió el modelo sanitario universal por otro de aseguramiento y resultó en la exclusión de diversos colectivos en razón de su situación administrativa, legal o laboral. Aumento de plantilla en la sanidad pública. Prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico.

Garantía del derecho a una muerte digna, sin el encarnizamiento terapéutico actual que sufren muchos pacientes, y del derecho a una salud mental orientada al sujeto que evite medicalizar e instrumentalizar el sufrimiento psíquico.

Garantía del derecho al conocimiento, la formación académica y una educación pública, gratuita, laica y universal, participada democráticamente por todos los miembros de la comunidad educativa

Puesta en marcha medidas orientadas a garantizar la gratuidad del material escolar de todos los niños y niñas de la Unión en instituciones educativas de ámbito público, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en centros públicos, y la gratuidad según renta de los comedores sociales en todos los centros educativos. Aumento de las ayudas públicas para estudiantes con difcultades económicas

Defensa de un modelo de investigación independiente

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