Controversia Constitucional

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Es un juicio que se promueve en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscitan conflictos entre poderes o ámbitos de gobierno. Mediante dicha figura se impugna si alguno de ellos afecta a otro en su esfera de competencias, contraviniendo con ello a la Constitución. Por esta vía no pueden resolverse conflictos en materia electoral ni por límites territoriales. Entre los actores facultados por la Constitución para emplear este recurso están: las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, los poderes de una entidad federativa y los órganos de gobierno del Distrito Federal.

Noticia: La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acordó admitir a trámite la controversia constitucional y conceder la suspensión de los actos impugnados y presentados por el Ejecutivo Federal contra el Senado de la República y la Comisión Permanente respecto a la Ley General de Víctimas.

Los ministros Sergio Valls y Fernando Franco, ambos integrantes de la Comisión de Receso, admitieron a trámite la controversia constitucional 68/2012 al haber sido presentada por un órgano legitimado de forma oportuna y no advertirse motivo notorio y manifiesto de improcedencia, en la inteligencia de que, sin prejuzgar respecto de la constitucionalidad de los actos impugnados, se concedió la suspensión solicitada.

El pasado 19 de julio la Secretaría de Gobernación promovió ante el máximo tribunal del país un juicio de controversia constitucional contra la Cámara de Senadores para que sea el Poder Judicial el que resuelva las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la publicación de la Ley General de Víctimas.

De esta forma la Corte estará en la posibilidad de determinar si las observaciones del Gobierno Federal al documento final enviado por el Senado a Gobernación fueron entregadas en tiempo y forma.

ACCIÒN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Es un medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano. La acción de inconstitucionalidad tiene por objeto determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna disposición constitucional. Únicamente puede ser promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por órganos del Estado (con excepción de partidos políticos, los cuales no son órganos del Estado).

La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Acción de Inconstitucionalidad en contra del artículo 23, fracción I, de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por disponer que sólo los mexicanos por nacimiento puede ocupar la titularidad de ese órgano autónomo. La denuncia fue notificada al Congreso del estado el pasado 20 de marzo y podrá ser contestada hasta

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