ESTADO DOCENTE COMO FACTOR ETICO JURIDICO EN LA EDUCACIÓN ACTUAL VERSUS EL NUEVO DISEÑO CURRICULAR ENFOCADO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL.

ESTADO DOCENTE COMO FACTOR ETICO JURIDICO EN LA EDUCACIÓN ACTUAL VERSUS EL NUEVO DISEÑO CURRICULAR ENFOCADO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL.

     El sistema educativo en Venezuela siempre ha estado en un permanente proceso de transformación debido a la búsqueda de alternativas que aseguren el derecho de la población a una educación con calidad, es por esto que el Estado ha implementado dentro del Nuevo diseño Curricular del Sistema Educativo Venezolano el Currículo Nacional Bolivariano (CNB, 2007), el cual está sustentado con datos históricos, pedagógicos, filosóficos, sociales, culturales, psicológicos, políticos, metodológicos, científicos y humanísticos, así como los valores de libertad, igualdad, fraternidad, justicia, paz, el bien común, cooperación y la unidad del continente americano. De igual forma el Sistema Educativo Bolivariano está compuesto por un conjunto orgánico de planes, políticas, programas y proyectos que se encuentran integrados entre sí, los cuales se hallan orientados según las etapas del ser humano. Este nuevo proyecto busca garantizar la educación a toda la población venezolana por intermedio del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), a través de todos los subsistemas tradicionales y aquellos que han sido implementados desde el año 1998 hasta la actualidad. Esta integración permite crear un modelo de equilibrio social que hace posible cumplir el precepto constitucional de garantizar una educación integral para todos, teniendo como finalidad primordial promover en las instituciones educativa la formación de un ser humano integral social, solidario, crítico, creativo y autodidacta, el de fomentar los Derechos Humanos y el ejercicio de la cultura de la paz, la participación democrática, protagónica y corresponsable, en igualdad de derechos, deberes y condiciones y por último la creatividad y las innovaciones educativas.

La Constitución de 1999, contempla en cuatro artículos la normativa y principios en materia educativa, en el Artículo 102.- establece que “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad...”; seguidamente encontramos el articulo 103.- donde afirma que “Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado…” estos planteamientos legales fundamentan el sistema de la educación bolivariana, la cual mantiene dentro del currículo de educación la esencia de cada uno de los artículos definidos; al mismo tiempo la constitución también rige las condiciones de los profesionales y las personas a cargo de impartir los contenidos presentes en el currículo dentro de las aulas de cada institución y nivel, ya que en el artículo 104.- plantea que “la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión…” de igual forma en el Artículo 106.- aplica que “Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste."

Las afirmaciones anteriores están fundamentadas en lo que debería ser el “Deber Ser”, sin embargo, nada más lejos de la realidad, hoy por hoy el sistema educativo se encuentra sumida en una profunda crisis y desapego a lo que está planteado dentro de cualquier ley o normativa, pues si la educación es un bien público, básico y prioritario, para el beneficio de toda la sociedad, convendría tener una educación integral y de alta calidad para que todos la disfrutasen en igualdad de condiciones y así alcanzar el disfrute de todos y cada uno de los derechos esenciales, ya que cuando los beneficios públicos mantienen la calidad e igualdad de oportunidades para todos, se garantiza la equidad, la justicia y la solidaridad, contribuyendo en el fortalecimiento de la convivencia y el éxito de la sociedad, sin embargo, tristemente  el Estado Docente como factor ético jurídico en la educación actual no mantiene la igualdad de condiciones, ya que cada día se hace más palpable las diferencias pues la “buena educación” solo está disponible para unos pocos considerados los privilegiados  y “pobre educación” para las mayorías aunque se pretenda afirmar que es de calidad. Se puede reflexionar ante la deducción de que si la educación de calidad es un derecho, es también un deber humano primordial. Todos somos corresponsables y  debemos colaborar para proporcionar este derecho por igual. La educación de calidad para todos, condición necesaria para la sana convivencia democrática, la productividad y el logro de instituciones eficaces, estas deberían ser  la estrategia principal del Estado y de la sociedad para la incorporación de todos los ciudadanos al quehacer de la vida pública contemporánea. Las sociedades democráticas necesitan a todos sus ciudadanos y la vida democrática requiere de sujetos bien instruidos. De igual forma, el Estado no debe emplear a la educación como instrumento para favorecer sus propios intereses partidistas imponiendo ideologías particulares que solo ayudan a afianzar el fanatismo hacia ellos mismos, solo así se estaría respetando lo establecido por la Constitución de Venezuela.

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