El Delito

INTRODUCCIÓN

Para introducir, sobre el delito es una consecuencia de la convivencia social, que infringe normas legales, en el afán de llegar a obtener la aprobación-social, desde el punto de vista económico, la dirigencia de la misma, como patrón de admiración. En este orden en el que desarrolla este tema de honesta importancia denominado “ EL DELITO”, desde el punto de vista del derecho analizándose la definición de este y la ubicación del delito dentro de el. Por su parte, al delito se le define y se le estudian los tipos de delito cuya asistencia acepta la ley, desde el punto de vista de su realización y su ubicación dentro de la legislación que los prevé, las circunstancias que inciden en su existencia.

La teoría y existencia de este principio constituye el “DERECHO”, en su acepción más extensa. Por tanto, el derecho como un conjunto de normas de observancia obligatoria para todos los miembros de la sociedad, que han sido establecidas por el estado de acuerdo a procedimientos previamente establecidos, permiten la convivencia de todos los miembros de la sociedad entre sí, de las instituciones del estado, que la misma ley denomina delito. La causa de la infracción o de la no observación de las disposiciones de la ley, el delito, en perjuicio de la sociedad y de la obligatoriedad de la misma ley por los hombres, obedece a muchos diversos factores, los que se mencionan más adelante; sin embargo , por lo pronto, se adelanta que esos factores tienen origen en la propia naturaleza del hombre y su convivencia estrecha a la que, hoy en día se ve sometido, .Pues, el hombre siempre pretenderá tener u mayor numero de satisfactores que otros, incluso más de los que necesita, por el solo hecho de acumular riquezas y el poder, que en la sociedad actual, representan una posición admirada y enviada por algunos de sus miembros, aun cuando no las puede conseguir de manera honesta y legal.

DELIMITACIÓN EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA

Desde el punto de vista jurídico, Venezuela se presenta en la actualidad ante una profundización del estado de derecho democrático replanteado en el texto constitucional vigente desde 1999; ahora bien, siempre que la política legislativa, demás políticas públicas y la práctica del Derecho se encaucen en tal dirección, la Constitución debe significar una importante evolución en el desarrollo del Estado constitucional contemporáneo, entendido como Estado destinado a garantizar la protección y vigencia de los derechos humanos, conforme a los principios de progresividad, indivisibilidad, interdependencia e irrenunciabilidad, expresamente regulados en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De esta forma, democracia, Estado constitucional y garantía de los derechos humanos, de víctimas y victimarios, se constituyen en cristales de un único cuerpo prismático. Tal orientación constitucional está expresamente establecida en los artículos 2 y 3 de nuestra Constitución, cuando ratifican que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, cuyos fines giran en torno a los derechos humanos bajo el eje de la dignidad humana. De esta forma, el Derecho Penal y su legislación dependiente deben sujetarse al modelo de Derecho Penal propio de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, lo cual supone la adscripción a los principios ya la contribución del Derecho Penal contemporáneo de signo garante. De allí también deriva la responsabilidad que tiene la justicia penal de ofrecer una tutela judicial efectiva íntimamente constreñida a los términos de las garantías penales " de aquellos derechos y bienes jurídicos penalmente protegidos contra ataques violentos, significativos y relevante.

El horizonte de reflexión ética de nuestro tiempo está enmarcado por los derechos humanos, por lo que el baremo de un texto normativo está dado por su congruencia con las declaraciones, convenios y acuerdos suscritos por la República en materia de reconocimiento, proclamación y garantía de los derechos inherentes a la persona humana, todos ellos constitucional izados por mediación del artículo 50 de la Constitución de la República.

Pertenece Venezuela a la familia de los pueblos del mundo que reconocen en la dignidad de la persona humana un valor esencial, que debe servir de basamento a la creación, interpretación y aplicación del orden jurídico positivo. Valor ético que, cual estrella polar, debe guiar el quehacer de legisladores, administradores y jueces.

La Legislación Venezolana, ha cambiado dramáticamente en los últimos años. A raíz de la promulgación del Nuevo Texto Constitucional, mayores y más profundos cambios están por venir. El Código Civil vigente en su Artículo 2° establece: "La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento". Por otro lado; el Código Penal vigente, en su Artículo 60 establece: " La ignorancia de la Ley no excusa ningún delito o falta".

Ambos preceptos son principios fundamentales de derecho, derivados de la ficción necesaria de que la Ley es universalmente conocida desde su promulgación. Verificada la publicidad, queda satisfecha la necesidad social que impone tal solemnidad, puesto que el ciudadano queda; si no enterado de la ley, al menos habilitado para conocerla.

La carencia de conocimiento no puede mermar la obligatoriedad de la Ley. La autoridad pública pone las leyes al alcance de los ciudadanos, quienes pueden enterarse de ellas por sí mismos o por medio de terceros. Es, realmente necesario que el ciudadano conozca las leyes; pero sabemos que es materialmente imposible que todos los habitantes puedan conocer con la prontitud del caso las leyes que se dicten.

TECNICISMO DE DELITO

Desde el punto de vista formal, el delito puede definirse, de acuerdo con lo establecido en el código penal venezolano, como el hecho previsto expresamente como punible por la ley (Art.1), esto es como el hecho que la ley prohíbe con la amenaza de una pena. Él delito ha de entenderse como un hecho que, en sí mismo o por su forma, lesiona intereses fundamentales de la sociedad, intereses que se consideran básicos para la existencia de conservación y desarrolló del conglomerado social.

En la antigüedad y hasta la edad media, para determinar la pena aplicable a un delincuente se tomaba en cuenta, la intensidad o gravedad del daño ocasionado, tampoco se tomaban en cuenta los elementos subjetivos del delito, los que hoy llamamos imputabilidad y culpabilidad. No se tomaba en cuenta la madure mental de la persona, su salud mental y sus intenciones, sino solamente algunos que otros rasgos, los cuales encontramos en el código de Hammburabi

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