Hermeneutica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA

EDUCACION SUPERIOR

MISIÓN SUCRE

ALDEA: ALEJANDRO FUENMAYOR

UNIDAD CURRICULAR: PROYECTO IV

TRABAJO

INVESTIGAR:

MARCO TEORICO:

FUNDAMENTOS POLITICOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y JURIDICOS

CARLOS ROLDÁN

GIOVANNY RIVAS

Maracaibo: 18 /09 /2012

FUNDAMENTOS POLITICOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y JURIDICOS

Venezuela, a finales del Siglo XX, se instituye como un Estado Social de Derecho y de Justicia, además ha contado con una tradición democrática a través de los mecanismos de participación política, económica, social, cultural y jurídicas, incorporando programas sociales denominadas Misiones que en un momento se convirtieron en programas coyunturales con la finalidad de solventar la deuda social adquirida durante del siglo XX.

Estos programas alternativos enmarcados en la política social, se convirtieron en mecanismos para resolver los problemas de pobreza estructural, cuando se formaliza el reconocimiento de los tratados y convenios para hacer realidad esos derechos, se advierte una suerte de esperanza para aquellos que antes eran excluidos y que ahora son incorporados en proyectos y programas sociales que abarcan desde el Art. 75 hasta el 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En nuestro concepto, los lineamientos de discusión giran alrededor de una filosofía de vida, del comportamiento ético en la sociedad, de búsqueda del mejoramiento social, de la incorporación de los ciudadanos a la solución de sus propios problemas, de la definición de política económica enmarcada en el plano social y de mercado, en función de incorporar a los sectores excluidos al devenir económico y por ende a la movilidad económica

En cuanto a lo económico la democratización social y política, se erige no solo para las oportunidades de negocios de gran magnitud a través de inversiones nacionales y extranjeras, sino la creación y consolidación del espectro de participación y el otorgamiento de tierras para el trabajo productivo, la propiedad bajo titularización de las posesiones urbanas, la realidad de la participación social colectiva a través de cooperativas, asociaciones civiles u otra forma de organización para la producción, garantizándose la democratización crediticia en el otorgamiento, en fin, el otorgamiento de poder a quienes nunca lo tuvieron y menos disfrutaron.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus principios fundamentales define la organización jurídico-política que adopta la nación venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad.

Se corresponde esta definición con una de las principales motivaciones expresadas en el preámbulo de la Constitución, es decir, el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad verdaderamente democrática. Ya no solo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad. Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar signados por los principios democráticos y someterse a ellos.

Se incorporan al texto constitucional, valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación, la vida, la libertad, la Justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político.

En cuanto a los derechos sociales y de las familias se consolidan las demandas sociales, jurídicas, económicas y culturales de la sociedad en un momento histórico en que los venezolanos y venezolanas se redescubren como actores en la construcción de un nuevo país. La participación directa de la gente en la toma de decisiones para la solución de sus problemas y los de su comunidad, crea una nueva relación ciudadana que en el ámbito de los derechos sociales, desarrolla la solidaridad entre la sociedad, familia y Estado.

Los derechos económicos están establecidos en el derecho de los consumidores, a disponer de bienes y servicios de calidad y a un tratamiento digno y no discriminatorio, el derecho de propiedad se garantiza sin ambigüedades, en tanto la acción del Estado es considerada fundamental en la definición de un marco institucional apropiado para el crecimiento y el bienestar.

El Estado no puede estar ausente, se le asigna un rol fundamental como regulador de la economía en el aseguramiento del desarrollo humano integral, promover la creación de valor agregado nacional y de fuentes de trabajo, se garantiza la seguridad jurídica suficiente para fomentar, junto a los privados, el desarrollo armónico de la economía nacional y la justa distribución de la riqueza.

Se plantea constitucionalmente un equilibrio entre Estado y Mercado, motorizando un Estado más eficiente y hacer del mercado un medio para satisfacer las necesidades de la población, en fin libertad a la iniciativa privada preservando el interés del colectivo.

El Estado es el ductor y orientador de las políticas macroeconómicas y sectoriales en la promoción del crecimiento y bienestar. Es esencial la acción reguladora del Estado para el establecimiento de un marco normativo de estabilidad que brinde seguridad jurídica a la actividad económica bajo la apertura a las inversiones extranjeras en igualdad de condiciones de la inversión nacional.

Por otra parte, el Estado debe ejercer acciones prioritarias en algunos sectores económicos para darle dinamismo, sustentabilidad y equidad al desarrollo económico, con el propósito de incentivar la actividad agropecuaria, la pequeña y mediana industria, el turismo, el sector de cooperativas y demás formas de economía popular, la producción de alimentos es esencial para el país, bajo el principio de la seguridad alimentaria para el acceso oportuno y permanente por parte de los consumidores.

Todos estos hechos ineluctablemente giran alrededor del logro de la consolidación de la participación del pueblo y su inserción en la estructura económica.

La Economía al Servicio de la Transformación Político- Social: Otorgarle poder a los ciudadanos para labrarse su propio destino, diríamos, es una de las principales fuentes del devenir revolucionario, la transformación política-social viene acompañada

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