La educación en contexto del Neoliberalismo

La Ley Federal de Educación como consecuencia del neoliberalismo y la Ley Nacional de Educación en un contexto de posneoliberalismo.

En este trabajo se expondrá a grandes rasgos los contenidos que enmarcan la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación y cómo estas dos leyes son consecuencia de estos contextos. El punto de partida será el contexto socio – económico y político argentino en ambos procesos para  luego intentar dilucidar la problemática educativa. Asimismo, se plantean una serie de preguntas que se les realizarán a personas que han estudiado en los años ’90 para dar cuenta de la importancia que tenía la Educación en ese momento. (Ver encuestas adjuntas al final de la exposición)

En el año 2006, la LNE significó un cambio en la concepción de la educación y también es fiel reflejo de un cambio de paradigma en la cosmovisión de país. Se deja atrás el extremo individualismo, condición sine qua non del neoliberalismo para intentar dar paso a la solidaridad regional y de entender que somos parte integrante de un todo que es Latinoamérica.  De este modo, se dio paso a una etapa nueva, con medidas de cambio,  como señala Sader a una etapa híbrida denominada “posneoliberalismo”, o la Revolución Socialista del siglo XXI como la llaman los países integrantes de la UNASUR.

Para contextualizar la LFE debemos comenzar por aclarar el término neoliberalismo que suele asociarse a El Consenso de Washington^[1]  que se resumen en los siguientes diez puntos (en Argentina, conocido como el decálogo menemista):

1. Disciplina fiscal, evitando abultados déficits fiscales respecto al PBI;

2. Reducción del gasto público;

3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas marginales moderadas;

4. Tasas de interés determinadas por el mercado y (moderadamente) positivas en términos reales;

5. Tipo de cambio competitivo;

6. Liberalización del comercio (externo): liberar las importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas. Cualquier protección debe ser en base a tasas bajas y relativamente uniformes;

7. Liberalización de las inversiones extranjeras directas;

8. Privatización de empresas estatales;

9. Desregulación: eliminar las regulaciones que impidan la entrada o restrinjan la competencia, excepto para aquellos casos con justificación de seguridad, medio ambiente, protección al consumidor y una supervisión prudencial del sistema financiero;

10. Protección legal de los derechos de propiedad.

Específicamente en Argentina las ideas neoliberales comienzan a implementarse con golpe de estado del año 1976. Según Naomi Klein,  para Milton Friedman:

“Era importante aprovechar una crisis o estado de Shock a gran escala en que el país está traumatizado, para imponer un paquete de medidas que beneficie al libre mercado. “Las violaciones de los derechos humanos [...] fueron un intento deliberado de aterrorizar al pueblo y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las <> radicales que habrían de traer ese ansiado libre mercado.”

Durante la dictadura militar, la actividad financiera fue centro de la economía, el régimen tributario fue regresivo, la desigualdad y la exclusión fueron haciéndose cada vez más notables, la nueva clase dominante pedía el disciplinamiento de organizaciones populares. Además este período se caracterizó por la incidencia en la reproducción del orden social, la estatización de la deuda externa, la creación de empresas privadas contratistas asociadas al poder dictatorial.

El endeudamiento externo significó el medio por el cual los Estados y sus economías quedaron atados a la crisis internacional, y permitió a los países centrales, como los Estados Unidos, controlar su propia situación interna aumentando las tasas de interés de las deudas externas de los países endeudados. En consecuencia, se produjo un crecimiento acelerado de la deuda externa que contrajeron estos países y que en definitiva, opera como la instancia que garantiza la articulación dependiente (económica y política) de estos países respecto del capitalismo mundial.

En nuestro país, condicionado por la deuda externa, los organismos de crédito internacional tuvieron un importante papel ejerciendo presión para la aplicación de las políticas neoliberales durante esta década. Según, H. Aboites:

“Planteaban una legislación cuya función principal es la de regular el mercado de la educación como un servicio, redefinirla como una “oportunidad” que unos tienen y otros no, y limitar o volver ambigua la responsabilidad del Estado como garante del derecho a la educación”^[2].

Con este panorama llegamos a la década del ´90, momento en que se profundizó el modelo económico y la implementación de la reforma educativa. En esos años en Argentina se dan una serie de hechos que van a influir notablemente en la implementación de dicha reforma:

• La Modificación sustancial del funcionamiento del Estado tanto en la formulación, y evaluación de políticas públicas como en su propio funcionamiento interno.
• Las Privatizaciones. Despidos en masa, descentralización de funciones a las jurisdicciones provinciales.
• Desempleo creciente que no pudo ser resuelto por las regulaciones precarizadoras de las relaciones laborales.
• Privatizaciones de la previsión social convertidas en AFJP: Desfinanciamiento estatal.
• Reorganización de las prioridades tomando como norte inexorable el ajuste fiscal.
• Incremento presupuestario para el funcionamiento de los aparatos represivos del Estado. El Modelo “Estado Mínimo” dio paso al Estado penal. Una Nueva teología de la seguridad: que consistía en la complicidad entre “seguridad” y delito; represión a través de la metodología “gatillo fácil”.
• Procesos de desresponsabilización del Estado nacional a través de la profundización del proceso de transferencias de escuelas a las jurisdicciones provinciales.

En un contexto con esas características se pone en marcha la reforma educativa argentina. La modificación del papel del Estado, los despidos masivos y el desempleo expandieron la brecha de la desigualdad, haciendo que más de la mitad de la población (incluidos los docentes) vivieran bajo la línea de pobreza.

Además, varios estudios demuestran cómo frente a este panorama se percibe en las escuelas un alto nivel de violencia doméstica y estructural, adolescentes embarazadas, consumo de alcohol y drogas, niños armados en las aulas. La escuela se va convirtiendo así en comedor, lugar de contención u hospital, relegando su función pedagógica. El gobierno menemista desplazó al estado como el órgano rector de la educación y lo desdibujo en un conjunto de agentes educativos como la familia, la iglesia, la sociedad civil quedó establecido en el Artículo N° 3 de la LFE:

“El Estado nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, garantizan el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales, a toda la población, mediante la creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios necesarios, con la participación de la familia, la comunidad, sus organizaciones y la iniciativa privada”.

La Ley Federal de Educación, como su nombre lo indica, presentaba un modelo educativo de carácter federal, es decir, cada provincia tenía bajo su tutela el armado de los diseños curriculares y, según la redacción de la ley, definía a la educación como un “bien social y responsabilidad común” y al sistema educativo como un “servicio”. Según, Imen, este modelo educativo, inscripto en el marco del neoliberalismo, se planteó como objetivo, y triunfó en ese sentido, “formar buenos repetidores”. “Para los tecnócratas, la calidad educativa significa que conocimientos elaborados por expertos, traducidos en manuales, deben ser embutidos por el docente en el cerebro del alumno, que tiene que dar bien en una prueba”.

Se consolidó la nueva corriente tecnocrática bajo el cumplimiento de las directivas del Banco Mundial que propugnaban:

• La descentralización de los sistemas escolares.
• La transferencia al sector privado.
• El desfinanciamiento de la educación pública de nivel medio y superior.
• La educación que había sido considerada un bien social se transformaba ahora en un elemento del mercado que debía ser regulado por las leyes de la oferta y la demanda: 

Tal como consta en el artículo 7º: 

“El sistema educativo está integrado por los servicios educativos de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, que incluyen los de las entidades de gestión privada reconocidas”.

Todo esto provocó subordinar la política educativa a la política económica propuesta por los países emergentes y por el FMI. Así la Nueva Estructura Del Sistema Educativo Argentino queda establecida de la siguiente manera:

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