Reforma Laboral
Enviado por car0209 • 20 de Noviembre de 2014 • 6.848 Palabras (28 Páginas) • 149 Visitas
Ensayo - La iniciativa de Reforma Laboral presentada por el Partido Acción Nacional
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El Doctor Edgar Belmont realiza un ensayo sobre la reforma laboral lozasnista. Pueden consultarla también en el área de descargas - archivos del sitio de RadioSME. Click aquí
Dr. Edgar Belmont 1
En este ensayo analizaremos el contexto discursivo en el que el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional plantean reformar el marco jurídico de regulación laboral.
Argumentaremos por qué la iniciativa oficial se apoya de prejuicios y refleja el interés del sector empresarial por relajar las obligaciones y responsabilidades del patrón en la contratación y despido. En este sentido analizaremos la justificación de la iniciativa y algunas de las proposiciones expresadas, en diversas entrevistas, por el Secretario del
Trabajo, Lic. Javier Lizano, el cual presenta a la empresa como una víctima de los “abusos” de “malos trabajadores”; de “sindicalistas” y del propio derecho laboral al enmarcar “juicios largos” o sentencias que son calificadas como costosas.
Los cambios de fondo.
El 2 de septiembre del 2009 el Poder Ejecutivo Federal anunció en “cadena nacional” un conjunto de reformas estructurales cuyo propósito, se dijo, es cambiar a fondo al país. Entre las medidas anunciadas apareció la promesa de abatir la pobreza y de incrementar el nivel de vida de los mexicanos (acceso a la salud, a la educación, etc.) y una serie de reformas
estructurales que redefinen, en buena medida, el rol del Estado en el marco de la economía globalizada.
En este discurso se apeló a los actores políticos a construir los acuerdos y los consensos que hagan posible la modernización del país, particularmente en un contexto económico “difícil” y ante la escases de recursos provocada, entre otras razones, por la caída de la renta petrolera; situación que redujo en cierto sentido el margen de maniobra de la clase política para mantener no sólo sus privilegios, sino la simulación del “México moderno” que evocan en sus alocuciones. Es en este contexto que se habla, nuevamente, de modernizar al país y a los sectores estratégicos y atractivos por su relevancia en la “nueva economía”; como son el energético y de las telecomunicaciones.
Esta reducción en el margen de maniobra de la clase política en el marco de la negociación del paquete fiscal y de la asignación de recursos permite explicar, por una parte, el “silencio” generalizado de los principales actores políticos alrededor del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues más allá de la discusión o el debate sobre la
reestructuración de la empresa y la “promesa” de elevar la calidad del servicio, la complicidad entre la clase política que se construyó en el marco de las negociaciones del incremento de los impuestos. Complicidad que más adelante fue llamada, en el argot político, como un “acuerdo” a favor de la gobernabilidad. En este contexto, el llamado a “cambiar” de fondo al país se traduce en la idea de modificar las reglas del juego y de “romper” con los referentes que “obstaculizan” la construcción de
acuerdos; es decir, grosso modo, con el marco referencial del “nacionalismo
revolucionario” con la idea de forzar los cambios estructurales del país. Ello lleva a la proposición que ha expresado el propio Poder Ejecutivo de que el Cierre de Luz y Fuerza del Centro es parte de los ajustes en el país para atraer inversiones: “Hemos hecho cambios estructurales muy complejos, como es la liquidación de una de las dos empresas eléctricas
que teníamos, con altos estándares de ineficiencia y un costo inviable para las finanzas públicas, que crecía año con año, y que además estrangulaba la competitividad del sector productivo en el Centro del país.”2
En este esquema discursivo la idea de competitividad y de modernización aparecen recurrentemente en el discurso oficial y empresarial; sin embargo, la definición de ambas es bastante polémica debido a que es necesario llevar a cabo una deliberación mucho más amplia sobre los contenidos de ambas. Por ahora, queda claro que la idea de modernización se enmarca también en la imagen de evolución y de cambio; más que de continuidad, de ruptura. Lo que es, sin embargo, un grave riesgo porque significa también el fracaso de la política al neutralizar o descalificar la oposición y la crítica. Al respecto, mucho se ha mencionado sobre la problemática que enfrentan los trabajadores electricistas, qué si se lo
merecían o no, qué el orden constitucional y el equilibrio de poderes han sido violentados, que reaccionaron tardíamente en cuanto a la estructuración de la empresa, etc.; lo cierto es que en el país, desde hace tiempo, existe una disputa para definir los criterios que
orientan la política energética y en ésta confrontación, política e ideológica, el sindicato de electricistas representa, se quiera o no, una posición crítica al proceso de desregulación del sector y a la conversión del servicio público al modelo de mercado.
Es en este contexto que la iniciativa de Reforma Laboral se inserta en las reformas que el Poder Ejecutivo define como “cambios de fondo”. Nuestra tesis, en cambio, es que la propuesta de reforma laboral no plantea acabar con los rezagos que existe en el mundo laboral en cuanto al acceso de los trabajadores (en su amplio espectro) a la “justicia laboral”. Se habla entonces de los abusos de los trabajadores y de los “abogados” o
“sindicalistas”, pero muy poco de los abusos del patrón y de “injusticias” que se resiente no sólo en las condiciones de contratación y sino en situación de trabajo cuando, por ejemplo, los contenidos de la actividad más que negociarse se imponen; ejerciendo el principio de autoridad y de subordinación, pero también una cierta “violencia salarial” que
recae en la premisa de que el trabajador no tiene opción y qué se le paga por hacer lo que se le dice. La “reforma” al mundo del trabajo va más allá, entonces, de los ajustes al modelo de regulación jurídica.
La iniciativa presentada por el PAN, es claro, responde a las expectativas de empresarios bajo el supuesto de que otorgando “certeza jurídica” a las empresa, evitando “abusos” contenidos en la ley, podrá crearse más fuentes de empleo. En este sentido, la iniciativa relaja las obligaciones patronales en la contratación y en el despido, reduciendo al mismo
tiempo no sólo el margen de maniobra de los sindicatos, sino también de la “autoridad” al proponer cambios en el procesamiento y aplicación de sentencias.
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