Trabajo Infantil en Centro America

Planteamiento del problema.

De acuerdo a la Organización Internacional del trabajo (OIT]), existen diferencias considerables entre las numerosas formas de trabajo realizadas por niños. Algunas son difíciles y exigentes, otras, más peligrosas e incluso reprobables desde el punto de vista ético. En el marco de su trabajo, los niños realizan una gama muy amplia de tareas y actividades. El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.^[1]

La historia muestra que el trabajo infantil, es uno de los más profundos y viejos males que aún existen en muchos lugares del mundo. “Se estima que en 1990 había en Centroamérica 800.000 niños como fuerza de trabajo infantil”.^[2]

Según los datos de una encuesta realizada en 2002, se estimó que en Costa Rica trabajan un total de 113.523 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, que representan 10.2% del total de ese grupo de edad, además de esto, la tasa de trabajo infantil y adolescente es mayor para los hombres que para las mujeres, aumentando significativamente con la edad.

Asimismo, en El Salvador, según datos de la una encuesta realizada por Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) en el año de 2010 todavía hay en el país 177,070 niñas, niños y adolescentes ente 5 y 17 años de edad realizaban algún trabajo para ayudar a la economía familiar, lo que representa que uno de cada 10 niños salvadoreños realizó algún tipo de actividad laboral en ese año.

El presente trabajo pretende aportar información contestando a la pregunta ¿Cuál es el papel que juega el gobierno frente al problema del trabajo infantil para la formulación de políticas públicas a desarrollar en Costa Rica y El Salvador?, entendiéndola como una comparación entre ambos países.

Definición del problema.

¿Cuál es el papel que juega el gobierno frente al problema del trabajo infantil para la formulación de políticas públicas a desarrollar en Costa Rica y El Salvador?

El trabajo infantil (Costa Rica y El Salvador).

Existen, sólo en Centroamérica, cerca de 2 millones de personas menores de edad que se ven obligadas a trabajar como medio de subsistencia. Estas cifras, si bien figuran como datos oficiales, sin duda subestiman el alcance real de este problema y por ende sus consecuencias en el desarrollo de los niños, niñas y personas adolescentes en la subregión.^[3]

La mitad de la población centroamericana vive bajo la línea de pobreza y 22 de cada 100 viven en pobreza extrema. En países como Guatemala y Honduras, la pobreza afecta a la mayoría de la población. Asimismo podemos decir que más de 7 de cada 10 ciudadanos son pobres y más de la mitad no perciben ingresos suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación y otros servicios básicos.

La distribución de la riqueza social es altamente desigual, la brecha en términos de participación en el ingreso es un elemento que profundiza e intensifica la pobreza en la región. El país menos desigual, Costa Rica, distribuye el 14.5% del ingreso total entre el 40% más pobre de la población, mientras el 10% más rico concentra casi la tercera parte del ingreso total. En este país la pobreza total afecta al 22.9% de la población en el año 2000. A continuación, se hablará acerca del trabajo infantil en Costa Rica.

Trabajo Infantil: Costa Rica.

Costa Rica ha venido desarrollando, a partir de la década de los noventa principalmente, una readecuación de la legislación que reforma el marco jurídico de promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Se destaca en este cuerpo de leyes, la Ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, conocido como PANI (1996) y el Código de la Niñez y Adolescencia.

El PANI es la institución responsable de dirigir la acción gubernamental en materia de niñez y adolescencia, así como de facilitar la protección y atención especializada a las niñas y niños en riesgo social. Considerando las funciones y atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), se define el concepto de rectoría como la capacidad de:

• Monitorear el cumplimiento del Estado en materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Orientar la definición de políticas públicas integrales, articuladas e intersectoriales que conlleven la correspondiente asignación de recursos por parte de las instituciones, en el marco de la integración transversal del enfoque de derechos y de la responsabilidad compartida hacia la niñez y adolescencia, entre otras.

A pesar del ejercicio de la Rectoría, el PANI enfrenta un problema de carácter estructural. Este se relaciona con las características del Estado costarricense: una actuación desconcentrada y no descentralizada, un funcionamiento por sectores, que dificulta la articulación entre sí, y una reducida participación ciudadana. Entre algunos de los grandes desafíos que enfrenta, podemos mencionar una mejora en la capacidad gerencial y de planificación, así como también incrementar la eficacia institucional en la ejecución de planes de acción, fomentar la capacidad de respuesta, adecuación y modernización del funcionamiento institucional, entre otras.^[4]

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