BASES LEGALES DEE AMBIENTE

INTRODUCCION

La política y gestión ambiental participativa en Venezuela tiene su punto de partida en el año de 1999, cuando se adopta un nuevo marco jurídico constitucional, promotor de cambios que conllevaron a una reforma política con implicaciones administrativas. Estos cambios se han fundamentado en la promoción y establecimiento de la participación ciudadana como Política de Estado en todos los ámbitos sociales y en especial en el de la gestión ambiental. Estos últimos aspectos desarrollados por la actual Constitución Nacional son de gran importancia, debido a que los programas de desarrollo con enfoque sustentable asumen la organización y participación ciudadana en relación con el ambiente, como elementos fundamentales en el logro de cambios significativos en los modelos de desarrollo local, regional y nacional, en los procesos de planificación y gestión pública y privada, así como en los valores ambientales de toda la ciudadanía.

En este sentido, el texto constitucional vigente en Venezuela, establece como preceptos el resguardo y conservación del ambiente y la participación ciudadana como parte de este proceso, lo cual ha originado que la Comisión Permanente del Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional, haya tenido como reto, crear nuevos instrumentos legales que cumplan con los mismos. Por su parte, las Instituciones rectoras en materia ambiental también, han asumido los cambios en el manejo del ambiente como variable o componente estratégico para el desarrollo de la nación desde la visión participativa. Razones por las cuales, en este trabajo se expone una breve contextualización de la política y gestión ambiental desde el enfoque participativo en Venezuela, para ello se ha realizado una mirada histórica de los principales hechos que han marcado la política y gestión ambiental en el país desde su institucionalización en la década de los años 70, para entender los hechos actuales. También, se han revisado los principales instrumentos legales que se han desarrollado para regular la materia ambiental y de participación ciudadana, con el propósito, de analizar tanto las fortalezas y debilidades del marco legislativo vigente en la temática, como la integración de estos elementos para cumplir con los preceptos constitucionales

Conclusión

La política y gestión ambiental en Venezuela ha estado bien definida y formulada desde su consolidación en la década de los 70, sin embargo para la política y gestión ambiental participativa, institucionalizada hace una década no se puede aseverar lo mismo, a pesar de la inclusión de los procesos participativos de la ciudadanía en dicha formulación y sustentación en un amplio y avanzado marco legal en la materia, pues la integración de la organización y participación ciudadana en las políticas públicas ambientales y en los procesos de gestión ambiental, se ha quedado en el formalismo de la norma, y en la práctica aún es muy débil, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por impulsar una política y gestión ambiental en esta dirección. No basta, que el país cuente con un marco jurídico ambiental y de participación ciudadana, avanzado, actualizado y enmarcado en los paradigmas de sustentabilidad de los recursos naturales y de corresponsabilidad en la gestión ambiental entre Estado y ciudadanos. Además de cumplir y hacer cumplir las leyes, se requiere primeramente de voluntad política, fortalecer la conciencia y educación ambiental en todos los ámbitos de acción de los ciudadanos y ciudadanas, de los niños y niñas, a saber: en el hogar, en la escuela y en el trabajo, entre otros.

Es importante destacar, que tanto la generación de conciencia ambiental y la educación ambiental, son procesos permanentes y eminentemente participativos, debido a que integran a la ciudadanía organizada a la gestión ambiental, por lo cual, se debe facilitar en todos los ámbitos de las comunidades, incluyendo sus instituciones y espacios, tales como: escuelas, parques, organismos locales, servicios públicos, empresas, entre otras. Aunado a estos procesos se deben divulgar los contenidos de las leyes ambientales vigentes como medio para sensibilizar a los ciudadanos a la protección del ambiente y la exigencia a las autoridades de su cumplimiento, por parte de la ciudadanía.

También se requiere de la coordinación entre las diferentes instituciones tanto públicas como privadas, en los procesos de planificación local, regional y nacional, la implementación de los tribunales ambientales, la actualización de leyes como la Ley Penal del Ambiente y la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, para fortalecer la institucionalización y el derecho administrativo y penal del ambiente como estrategias para una política y gestión ambiental participativa funcional y que se relacione con los ciudadanos.

Finalmente, para que se dé la participación activa de las comunidades organizadas se debe tener en cuenta, las necesidades y problemas ambientales de éstas, para formular políticas acordes a la realidad y así alcanzar el empoderamiento de la gente por las mismas. Además, Venezuela debe aprovechar sus fortalezas en recurso naturales, para trabajar e incorporar criterios que consoliden los pagos por servicios ambientales, esto ayudaría a que muchas comunidades tomen conciencia, protejan y mejoren sus hábitats. La obtención de recursos por dicha actividad facilitaría su uso en pro del desarrollo local, y así podrían obtenerse resultados sostenibles en el tiempo en función de una política y gestión ambiental participativa efectiva.

Política de Desarrollo y Ambiente en Venezuela

En Venezuela la política ambiental se consolida a partir del año 1976, cuando el Estado venezolano promulga la Ley Orgánica del Ambiente y Ley Orgánica de Administración Central, que inciden directamente sobre toda la actividad pública y privada relacionada con el tratamiento político, administrativo y jurídico del ambiente y los recursos naturales renovables. Sisco (2003) señala que la Ley Orgánica del Ambiente promulgada en junio de 1976 se realizó bajo las influencias de la Conferencia de Estocolmo de 1972, y con ella se consideró la creación de un ente rector en dicha materia por parte del Ejecutivo, lo que condujo en ese mismo año a la aprobación y promulgación de Ley Orgánica de la Administración Central, la cual recogió las reformas de la administración, entre ellas la creación y establecimiento de las funciones del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR). Con la promulgación de la Constitución Nacional de 1999, la política ambiental venezolana se redefine con nuevos lineamientos, pues el actual marco jurídico constitucional generó un cambio cualitativo

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