Realidad problemática

1.1. Realidad problemática

La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida.

Existen diversas definiciones del término seguridad ciudadana. Las más amplias la relacionan con el conjunto de sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante los riesgos o amenazas provocadas por diversos factores y la vinculan tanto a valores sociales de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de los otros, como al libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y sociales necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y la sociedad en su conjunto. Figueroa (1995)

La seguridad, entendida como sinónimo de certeza, por una parte, y como ausencia de riesgo o amenaza, por otra, nos señala que este concepto no se restringe a la dimensión biológica del ser humano, motivada exclusivamente por necesidades de protección y subsistencia, sino que se extiende a todos aquellos planos de la naturaleza humana que resultan de su cohabitación y convivencia con otros semejantes.

El concepto de seguridad ciudadana remite, como lo manifiesta su apellido, a la tradición de la idea de ciudadanía, por lo tanto, “a la capacidad de los ciudadanos como agentes activos, y no como masa relativamente pasiva, que únicamente demanda seguridad de una instancia superior”. Tudela (1998)

Pues han afirmado que la “seguridad ciudadana es pues un concepto jurídico que implica tanto el deber del Estado para preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante peligros que pudieran afectarla, así como garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana”. Yépez (2004)

Lo fundamental en esta definición es que el concepto de “seguridad ciudadana” expresa de manera más integral las necesidades de la población y las responsabilidades del Estado en cuanto a las condiciones para sustentar un adecuado desarrollo. Brotal (2002)

“La seguridad ciudadana, en tanto, implica que los ciudadanos, de manera individual y colectiva, están en situación de vivir y convivir disponiendo de una protección necesaria tal que les permita superar lo peligros propios de un entorno social riesgoso, aun cuando en la práctica dicho entorno va a proporcionar siempre distintos grados de inseguridad derivados de la acción de personas, grupos e instituciones o de elementos del medio natural que amenacen la vida, la integridad física o de los bienes de las personas. La concreción o el logro de este tipo de seguridad, se entiende que es de responsabilidad tanto de la policía como de los ciudadanos mismos”. Genchi (2000)

Por otra parte, el término “seguridad ciudadana” se ha vuelto un sinónimo de prevención y control del crimen, reduciendo su campo semántico a la seguridad pública afectada por la delincuencia y el ejercicio de una política criminal ineficiente. Lo anterior se debe al hecho de que el crimen y la violencia en América Latina han emergido y “copado” el debate público, constituyéndose en desafíos complejos para los gobiernos de los países en vías de desarrollo. Arriagada, Godoy (1999)

Del mismo modo, también es importante destacar que la seguridad ciudadana, como condición o situación exigible, es un derecho consignado implícitamente y en otros casos de manera explícita en constituciones, leyes, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (1948) y la Declaración de la OEA en Montrouis (1995)

La seguridad ciudadana se enfoca en proteger a las personas, ya sea bienes privados y derechos, cautelando la integridad física, económica y moral de los ciudadanos, con ausencia de amenazas o coerciones ilegítimas sobre su libertad y derechos civiles. Escobar (2004)

"El interés de la población que hace referencia a la delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos años. La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida." Bonner (1995)

Según la Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se entiende por Seguridad Ciudadana a “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”.

El consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), al ser parte de la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene como responsabilidad realizar estudios y análisis sobre la problemática de Seguridad Ciudadana a escala nacional; además formula, propone, ejecuta y evalúa los módulos de capacitación sobre seguridad ciudadana y realiza acciones para la conformación e instalación de los comités regionales, provinciales y distritales de Seguridad Ciudadana. Carrión y Dammert (2001)

La Policía Nacional centrará su trabajo en asesorar y trabajar coordinadamente con las juntas vecinales en materia de seguridad ciudadana, mientras que la promoción de estas juntas debe estar a cargo de las municipalidades. Maojo (2011)

Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada, el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar común ya que las sociedades se han formado para el desarrollo de las personas, para alcanzar sus metas y aspiraciones tanto personales como sociales, pero esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es intervención del Estado sino también de los organismos sociales como las juntas vecinales y las agrupaciones de barrios.

Varias municipalidades han dado señales de que los servicios de seguridad que ellos ofrecen son, en muchos casos, más eficientes que los que provee el Gobierno central. El serenazgo, por ejemplo, es un cuerpo compuesto por efectivos de seguridad y personal civil que brinda un servicio público de patrullaje preventivo en cada municipio, financiado con las contribuciones de los vecinos. Comisión Andina de Juristas, (1999).

En Perú actualmente hay una normatividad local importante sobre seguridad ciudadana para las mujeres y en general sobre violencia y derechos reproductivos. Este avance guarda estrecha relación con el acceso de las mujeres a los gobiernos locales, desde donde han tenido oportunidad de impulsar normativa importante que brinda protección a los derechos de las mujeres. Tamayo (2008)

A pesar que en el Perú experimentamos una etapa de crecimiento y de abundancia de recursos económicos que en años anteriores no teníamos, estos no parecen ser suficientes para satisfacer

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