Leg. Mon. Fin. Resumen Tema IV

 Leg. Mon. Fin. Resumen Tema IV

El intervencionismo como acción de la administración pública ha desempeñado un papel de importantísima relevancia  en todos los ámbitos de la vida pública y privada, regulando por medio de normas jurídicas todas las actividades  económicas, sociales, políticas y jurídicas de la República Dominicana.  La Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos han estado al frente de la aplicación y supervisión de la legislación monetaria y financiera de la República Dominicana  a partir de la reforma financiera de 1947. Debemos tener presente que la Junta Monetaria es el ente regulador del sistema monetario y financiero en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la República Dominicana para adecuar las reglamentaciones a las nuevas realidades de las actividades  financieras nacionales e internacionales.

Siendo que en un Estado de Derecho se otorga un evidente grado de autonomía institucional y funcional al ente regulador del sistema monetario y financiero resulta imposible que no queden afectadas las actividades de las entidades intervenidas por medio de una adecuada y discreta vigilancia procedente de la  Administración del Estado,  que permita la revisión de la legalidad de los actos administrativos dictados por el regulador.

Jurídicamente, el desarrollo de la actividad bancaria va más allá de ser  una especie de concesión a particulares de un servicio público, por lo que el Estado está obligado a una supervisión  permanente de las condiciones de liquidez y solvencia que se conciben como mínimas para el buen funcionamiento del sistema financiero dominicano, para así evitar la insolvencia de las entidades bancaria y crediticias en  nuestro territorio. Una cosa es que el funcionamiento efectivo del sistema financiero se considere económicamente un bien general, y otra muy diferente es que la intermediación financiera pase a ser considerada un servicio público, con todos los resultados jurídicos que de ello podrían derivarse.

Hemos de  considerar que  el intervencionismo del Estado está orientado a evitar la erosión del valor de los activos bancarios, minimizar los tradicionales riesgos de contagio asociados a las crisis bancarias,  permitir la correcta distribución de responsabilidades y cargas por medio de la regulación del sistema monetario y financiero en todo el territorio nacional. Es por ello que el sector autónomo de la Administración Pública al estar debidamente dotado de la organización y los medios materiales, personales y jurídicos para la regulación del sistema monetario y financiero de la nación tiene la competencia para la acción de vigilar las Asociaciones de Ahorros y Prestamos y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que, por ser instituciones no accionarías y realizar a su vez intermediación financiera, requieren de una especial ponderación de sus actividades crediticias por el regulador del sistema.

Es obligación del Estado tener instituciones con las competencias necesarias para que solo quienes deban ser regulados puedan ejercer legalmente en el territorio nacional actividades de intermediación financiera y para que quienes no estén autorizados o de cualquier modo transgreden lo dispuesto en la Ley, sean debidamente sancionados.

Tal y como ya lo hemos mencionado, el Estado participa en el negocio de la intermediación financiera sometido por obligación que le es impuesta por la Constitución de la República.  En ese sentido, la Junta Monetaria diseña las políticas y el Banco Central las ejecuta, El Estado debe tener absoluto control sobre la topología de las entidades sometidas a regulación ,  de su régimen jurídico y normas societaria especiales, de la admisión de entidades extranjeras, de las operaciones permitidas, sometidas a autorización previa y prohibidas, de las denominadas normas prudenciales, del tratamiento de la transparencia bancaria, de las técnicas de supervisión, del procedimiento de disolución bancaria, de las infracciones y sanciones.

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