Universidad, Política Y Poder
Enviado por luzmarbella • 9 de Junio de 2014 • 4.610 Palabras (19 Páginas) • 267 Visitas
Universidad, política y poder.
La ley 13031
Vanesa Mariño
Universidad, política y poder: la ley 13031
Introducción
El presente trabajo tiene como propósito principal analizar la ley 13031, conocida como Ley Guardo, implementada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Esta labor requiere de la contextualización histórica y política en la que se inscribe dicha ley. Asimismo es necesaria la descripción del proceso que involucra a las dos fuerzas antagónicas que se manifiestan con total visibilidad en la reforma del 18. Una de esas fuerzas es tradicionalista, conservadora y católica, y la otra, liberal, democratizante y laica.
Los conflictos generados por estas fuerzas en tensión, han llevado muchas veces a posturas irreconciliables, como ocurre entre el primer gobierno de Perón y la comunidad académica, Estado y Universidad en tanto actores sociales y políticos que representan valores e ideas contrapuestas con respecto al rol de la universidad como institución educativa se enfrentan, alcanzando un alto nivel de conflictividad, incluso con rasgos violentos.
Considerar el proceso que encuentra uno de sus puntos álgidos en el contexto particular del primer gobierno peronista posibilita vislumbrar la complejidad de la dinámica referida y su cristalización en un cuerpo normativo minuciosamente reglamentarista como la ley 13031 que cercena las libertades conseguidas con la Reforma.
En primer lugar, me referiré a los antecedentes legislativos en materia de educación superior: la ley Avellaneda de 1885 y el movimiento de la Reforma universitaria de 1918. Reseñaré brevemente algunos de los aspectos históricos y políticos relacionados con los sucesos abordados, focalizando en las tensiones registradas entre los actores involucrados: el Estado y la Universidad. Me referiré brevemente a algunos datos históricos y políticos del período 1943-1955 para contextualizar el análisis de la ley Guardo. Luego, analizaré la ley 13031 considerando cuestiones tales como la autonomía, la designación de los profesores, la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades. Por último, haré mención cuando lo requiriese de la Constitución de 1949 y de la ley 14297, que continúan y profundizan lineamientos desarrollados en la ley 13031, por caso, la centralización del control de las universidades por parte del gobierno nacional.
Antecedentes legislativos
La legislación universitaria tiene su primer antecedente con la ley 1885 conocida como ley Avellaneda. Esta se constituye por iniciativa del rector de la Universidad de Buenos Aires, el ex-presidente de la república Nicolás Avellaneda quien presenta un proyecto que retomaba las ideas de uno anterior elaborado por Juan María Gutiérrez. Luego de algunas idas y venidas, producto de que el plan normativo de Avellaneda propiciaba una mayor autonomía de la institución de educación superior con la que algunos representantes del Poder Ejecutivo no acordaban, el 25 de junio de 1885 fue finalmente aprobada la primera ley superior cuya vigencia se extendió hasta 1947.
Algunas de las medidas que serían implementadas fueron las siguientes:
En relación con la designación de los profesores, cada facultad votaría una terna de candidatos, una vez aprobada por el Consejo Universitario sería elevada al Poder Ejecutivo, que designaría al docente que se desempeñaría en el cargo.
El rector sería electo por la Asamblea Universitaria compuesta por los miembros de todas las facultades (profesores).
Las universidades tendrían la capacidad de dictarse sus propios estatutos, los cuales deberían subordinarse a la aprobación del Poder Ejecutivo.
Las facultades retienen la jurisdicción policial y disciplinaria, la atribución de aprobar y reformar los planes y programas de estudios, la disposición de los fondos y las condiciones de admisión de los alumnos.
La autonomía universitaria, factor que a lo largo de la historia legislativa de educación nacional ha sido tema recurrente y que será analizado específicamente en este trabajo en relación a la ley 13031; en este caso, no implicó tensiones, dado que, como sostiene Mignone “la clase política y socioeconómica que dirigía el país integraba los cuadros docentes y los núcleos estudiantiles” (Mignone, 1998: 22). Como veremos, es sobre todo cuando entran en juego intereses de clase asociados a valores contrapuestos que se generan tensiones y conflictos, como ocurre con el gobierno de Perón y la comunidad académica universitaria de entonces.
El movimiento estudiantil de la Reforma universitaria de 1918 es un hito en este proceso ya que los reclamos realizados por los estudiantes cristalizaron en algunos importantes cambios. Este movimiento que tuvo su epicentro en la universidad de Córdoba, criticaba el arcaísmo y conservadurismo en la dirigencia de la universidad. Los reclamos tenían que ver particularmente con fuertes críticas a las formas de gobierno en aquella institución y el deseo de implementar una organización similar a la que por entonces tenía la Universidad de Buenos Aires, no solo “denunciaban el carácter vitalicio de los miembros de las academias y las irregularidades en la provisión de los cargos docentes y administrativos. Cuestionaban los mecanismos de designación de profesores acusando a la academia de nepotismo (…). Criticaban el manejo de fondos invertidos... [Y] al sistema de enseñanza en su totalidad” (Buchbinder, 2005: 93); sino que también acusaban el atraso científico de esta institución. Como señala Buchbinder, la reacción estudiantil que se produjo en Córdoba fue producto de la negación de quienes dirigían la casa de altos estudios a sumarse a las tendencias de renovación que se verificaban en otras instituciones argentinas, sobre todo porque la universidad desempeñaba allí, un rol relevante en “los procesos de promoción y control de las elites dirigentes de la ciudad” (Buchbinder, 2005: 99).
La autonomía y el co-gobierno de la institución universitaria integrado por estudiantes, junto al laicismo y a la extensión universitaria constituyeron los principios del programa reformista.
Ese programa expresaba tanto la aspiración de renovación intelectual como la voluntad de hacer de la Universidad una metáfora de la sociedad: remedando el sufragio universal y obligatorio establecido en 1912, la Reforma exigía el voto de los estudiantes para designar a los miembros de la Asamblea Universitaria y de los Consejos de Facultades y Universidades, la renovación de las cátedras a través de exámenes periódicos, y sueña con un centro único de estudiantes sujeto a elecciones regulares.
El movimiento reformista
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