El Estatuto Del Consumidor

El Estatuto del Consumidor o Ley 1480 de 2011 entró en vigencia el pasado 12 de abril de 2012, esta legislación ofrece una mayor reglamentación y protección de los consumidores frente a los productores, promulgando una serie de derechos y deberes que le brindan a los consumidores mayores garantías sobre los bienes y servicios que adquieren para se sientan satisfechos con las decisiones que toman y no sean vulnerados sus derechos; de esta forma se obliga a los productores a tener una mayor responsabilidad respecto a sus productos defectuosos y a solucionar cualquier problema que tengan los consumidores.

Esta ley es aplicable a todos los productos nacionales e importados, ya que tiene en cuenta que en la mayoría de las relaciones del mercado, el consumidor es siempre el más afectado; por esto, el Estado debe velar por su protección y para cumplir con este propósito, esta ley ha sido creada disminuir los riesgos que algunos productos puedan afectar la salud y la seguridad del consumidor, garantizándole el acceso a la información adecuada que le permita hacer elecciones de consumo mejor fundamentadas a la hora de adquirir bienes y servicios.

Este nuevo estatuto es una herramienta útil para los consumidores, pues les garantiza mayor bienestar y protección al obtener los bienes y servicios que requieren del mercado, eliminando su desconfianza en los productos que se ofrecen, ya que se puede adquirir mayor información sobre estos; y por lo tanto cuando se tiene mayor claridad y comunicación entre ambas partes en sus relaciones de compra y venta se puede tener un mejor comportamiento del mercado nacional.

¿En qué ha cambiado?

Nuestra constitución ha introducido importantes cambios en la estructura política, económica y social del país; las leyes que habían sido implantadas en Colombia antes de la Constitución de 1991 responden a los cambios y disposiciones de la época en la que fueron promulgadas, por esta razón es necesario adaptar estas normas al contexto actual.

La Ley 1480 de 2011 reemplaza al antiguo Estatuto 3466 de 1982, que también defendía los derechos de los consumidores en el país, sin embargo, esta norma tenía en cuenta los lineamientos de la Constitución de 1886 teniendo en cuenta deberes sociales del Estado, en donde de acuerdo con el artículo 16, se permitía la intervención en la distribución de los bienes y servicios y se contemplaba un mercado cerrado, propio de la década de los ochenta.

A diferencia de lo anterior, la Ley 1480 de 2001 tiene en cuenta las disposiciones de la Carta Magna del 91, en la que se establece que Colombia es un Estado Social de derecho en el que prima la democracia y en su artículo 78 se determina la necesidad de proteger a los consumidores, pues estos tienen una evidente desventaja frente a los productores y proveedores de bienes y servicios en el mercado.

La importancia de la actualización del Estatuto del Consumidor, que se hace con la Ley 1480 de 2011, es que asume los cambios por los que ha pasado la sociedad desde hace 30 años: como la masificación del comercio, la venta de diferentes clases de productos a nivel mundial a través de internet y las regula por medio de un conjunto de obligaciones que los productores y proveedores del país tienen la responsabilidad de cumplir.

¿Qué beneficios tiene esta ley?

Los principios generales de esta ley que beneficia a todos los colombianos los encontramos en el primer artículo de la Ley 1480 de 2011:

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.

3. La educación del consumidor

4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo a lo establecido con el Código de infancia y adolescencia.

De acuerdo a lo anterior, se puede ver que el Estado le garantiza a los consumidores una mayor protección, pues le exige a

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