COMO SON LAS PENAS CORPORALES EN EL AMBITO LABORAL EN VENEZUELA

Penas Corporales en el Ordenamiento Jurídico Venezolano

    El Diccionario de la Real Academia Española (2002), plantea que:

El término pena se deriva del término en latín poena y posee una connotación de dolor causado por un castigo, la pena, la comisión de un delito por parte de un sujeto culpable determina la responsabilidad penal y por ello la sugestión del trasgresor a las consecuencias que son indicadas por el orden jurídico la pena (p.256).

Pero es de notarse que para Díaz (2004), la pena “es la consecuencia lógica del delito y consiste en la privación o restricción de ciertos derechos del trasgresor que debe estar previamente establecida en la ley y que es impuesta a través de un proceso como retribución en razón del mal del delito cometido” (p.33).[pic 1]

    Ahora bien, según Beltrán (2007), las penas corporales “son las que se caracterizan por causar un daño físico en el propio cuerpo del delincuente, sin tener como fin ocasionarle la muerte” (p.202).En sentido estricto, las penas corporales son las que afectan a la integridad física. También puede entenderse pena corporal en sentido amplio como aquellas que no sean pecuniarias. En aplicación del sentido estricto, según Beltrán (ob. cit), las penas corporales son:

Tortura: Se suele entender que se trata de un trato inhumano o degradante y que va contra los derechos fundamentales, pero en muchos países se sigue usando azotes, amputaciones, entre otros.

Pena de muerte: La más drástica, abolida en muchos países. Sin embargo, no se considera trato inhumano o degradante, al contrario que la tortura o los azotes.

    Ahora bien, el Código Penal (2005), clasifica las penas en corporales o restrictivas de la libertad, y no corporales; y en principales accesorias. Es así que el artículo 8, las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales. En el artículo 9, las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad, son las siguientes:

1.- Presidio

2.- Prisión

3.- Arresto

4.- Relegación a Colonia Penitenciaria

5.- Confinamiento

6.- Expulsión del territorio de la República.

Las penas denominadas corporales limitan en cierto sentido este atributo fundamental del hombre implicando su internación en sitios de reclusión o su reducción a determinado sitio o lugar en tanto que las no corporales, suponen en su mayoría la restricción de otros derechos aunque también pueden afectar la libertad del sujeto. En tal sentido, el Código de Justicia Militar y el Código Penal señalan cuales son las penas que deberán ser aplicadas ya sean corporales, o no corporales a aquellas personas que comentan un delito.[pic 2]

    Se observa que las penas corporales en el sentido estricto del término de penas que afectan la integridad corporal o la vida del sujeto o su salud, no existen en el derecho ni pueden existir, como tampoco las penas que afectan el honor de las personas o penas infamantes. Por tanto se trata de penas restrictivas de libertad, que como tales afecten en mayor o menor medida la libertad del sujeto impidiendo u obstaculizando su desplazamiento e implicando la mayoría de ellas la internación en sitios de reclusión penitenciaria.
En líneas generales el Código Penal (ob. cit), sigue el criterio clásico de aplicar la pena básicamente en función del hecho y de su gravedad imponiendo una medida que permite establecer variaciones de acuerdo al mayor o menor daño social y a la atenuación del hecho, de esta manera entonces el sistema adopta las reglas establecidas en el Código Penal (ob. cit), el cual castiga un delito o falta con penas y sanciones.

    En este sentido, se evidencia que dentro del ordenamiento jurídico venezolano existe una proporcionalidad en cuanto a la aplicación de la pena, pues la ley lo especifica de forma tal que no debería existir ningún tipo de contradicción al aplicarla.

Penas Corporales Previstas en la Nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

    Las penas corporales en Venezuela, no sólo se aplican en el derecho penal sino que ahora también en la parte laboral, pues a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), se evidencia que la aplicación de penas privativas de libertad de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano. [pic 3]

     El nuevo basamento legal establece en el  artículo 538 lo siguiente:

El patrono o patrona que desacate la orden de reenganche de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o inamovilidad laboral; el que incurra en violación del derecho a huelga, y el que incumpla u obstruya la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo, será penado con arresto policial de seis a quince meses. Esta pena, tratándose de patronos o patronas asociados o asociadas, la sufrirán los instigadores o instigadoras a la infracción, y de no identificarse a éstos o estas, se aplicará a los miembros de la respectiva junta directiva. El inspector o inspectora del trabajo solicitará la intervención del Ministerio Público a fin del ejercicio de la acción penal correspondiente.

    Por consiguiente cuando el patrono incurra en cualquier tipo de violación a la norma será castigado conforme a la ley, y deberá pagar dependiendo de la gravedad del delito cometido. Asimismo, la Ley in comento, en el artículo 539, plantea que el patrono o patrona que de manera ilegal e injustificada cierre la fuente de trabajo, será sancionado o sancionada con la pena de arresto de seis a quince meses por los órganos jurisdiccionales competentes a solicitud del Ministerio Público. Estas disposiciones legales resultan ciertamente novedosas en el ordenamiento jurídico venezolano al brindar una protección al derecho del trabajo.

Sin embargo, a nivel mundial el trabajo por cuenta ajena como fenómeno esencial de la vida, ha sido protegido no sólo por el Derecho del Trabajo, sino también por el Derecho Penal.

    Ahora bien, dentro del Derecho Penal Laboral, denominación utilizada por Achenbach (2002), el campo que más busca regular el Estado por los efectos negativos que ello genera en la sociedad, es el de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por ello se ha señalado que el medio ambiente de trabajo pareciera ser históricamente el punto de encuentro o enlace entre el Derecho Laboral y el Derecho Penal.

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