El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

RESUMEN EJECUTIVO

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAT), fue creado con el fin de superar las desigualdades entre los territorios e integrar la nación; para democratizar el uso y el disfrute de la riqueza material y la realización plena de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna.

El régimen establece los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Desarrolla un modelo de descentralización obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, talentos humanos y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos, del gobierno central, hacia los gobiernos autónomos descentralizados.

Se crea un Consejo Nacional de Competencias, institución responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.

Combate la profunda desigualdad en el desarrollo, para trascender hacia un pacto por la equidad territorial, por tanto, se garantiza la atención con equidad y justicia a todas las provincias, cantones, parroquias En este marco, cada gobierno sabrá cuánto le corresponde para planificar su canasta de servicios a los habitantes de su jurisdicción, por lo que el estado deberá entregar los recursos que le pertenecen en forma oportuna, predecible y automática.

A través de esta ley, el país avanza a la justicia territorial, de modo que no haya ecuatorianos, o municipios, consejos provinciales o juntas parroquiales de primera o de segunda, pues todos serán atendidos con equidad y justicia.

La nueva Constitución establece como principal fuente de ingresos para el financiamiento de los gobiernos seccionales las transferencias del Presupuesto General del Estado: 21 por ciento de los ingresos permanentes (los tributarios) y 10 por ciento de los no permanentes (los petroleros). La Asamblea determinó que ningún GAD podría recibir menos dólares de los que obtuvo en 2010. Pero como el monto presupuestario aumenta cada año, esa diferencia tendrá una novedosa y polémica fórmula de distribución que hasta ahora muy pocas autoridades seccionales comprenden.

Reivindica a las juntas parroquiales rurales como gobiernos autónomos descentralizados y garantiza que sus rentas se incrementen. A la vez, se aumentan los presupuestos para las provincias y cantones, sin que haya perjuicio alguno para ninguna prefectura o municipio.

Impulsa procesos efectivos de descentralización, desconcentración, mediante la incorporación de amplios mecanismos de participación y control social, lo que implica consolidar las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados para decidir sobre sus territorios.

La autonomía y la descentralización se enmarcan en los principios de igualdad y solidaridad, atendiendo las demandas y reivindicaciones de los territorios con menores capacidades y oportunidades, en particular del sector rural y urbano marginal.

Establece competencias exclusivas para cada nivel de gobierno en materias como vialidad, tránsito y transporte, gestión de cooperación internacional, gestión de cuencas hidrográficas, riego, fomento de la seguridad alimentaria, fomento de las actividades productivas, prestación de servicios públicos, infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación, fomento y administración de catastros inmobiliarios, gestión de riesgos, registro de la propiedad, preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural, entre otras.

Incluye normas relativas al fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual tendrán recursos provenientes del presupuesto general del Estado. En el caso de la transferencia de nuevas competencias, la Comisión Técnica de Costeo del Consejo Nacional de Competencias hará la evaluación del valor que debe ser asignado a cada nivel de gobierno por asumir una nueva responsabilidad.

Determina con claridad las competencias exclusivas y concurrentes (compartidas) lo que garantiza el ejercicio pleno de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, de manera que no exista superposición de funciones, lo cual ha sido uno de los males recurrentes en la historia administrativa del país.

Se establecen mecanismos para que los predios ilegales en las distintas municipalidades del país puedan ser legalizados.

EL COOTAD

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Establece un Sistema Nacional de Competencias las mismas que serán de carácter obligatorio y progresivo. Se definen, principios, políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales. La versión definitiva de la ley contiene 9 títulos 599 artículos, 9 disposiciones generales, 31 disposiciones transitorias y dos reformatorias.

El COOTAD establece en un solo cuerpo normativo lo contenido en la Ley de Régimen: Ley de Régimen Municipal, Ley de Régimen Provincial, Ley de Juntas Parroquiales, Ley de Descentralización del Estado y Participación Social.

Este código busca profundizar y garantizar la descentralización y autonomías, preservando la unidad del Estado, descartando una lucha histórica por erradicar el centralismo que ha dejado en el abandono y atraso a la mayor parte de territorios y poblaciones del Ecuador, y por superar el regionalismo que ha ocasionado la fragmentación e impide la construcción de un proyecto nacional de desarrollo.

El Ecuador requiere de un proceso de reorganización territorial del Estado, que refuerce su autonomía territorial e impulse decididamente la descentralización y la democratización de los diferentes niveles de gobierno, reconociendo, al mismo tiempo, el carácter de Estado plurinacional e intercultural; así como avanzar en el objetivo de la equidad interterritorial, que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales.

La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana.

La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la duplicación de funciones y optimizar la administración estatal. Así como la definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública.

La distribución de los recursos en los distintos

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