Derecho Registral

I. CONCEPTO DE ESTA INSTITUCIÓN.

El registro del Estado Civil en una oficina u organización destinada a realizar uno de los servicios de carácter jurídico más trascendentales entre los que conciernen al Estado. Constituye un servicio público con el fin de hacer constar de una manera autentica todas las circunstancias relacionadas con el estado civil de las personas físicas.

La denominación del registro civil debe aplicarse en la actualidad al conjunto de actas, que se asentarán en las llamadas “Formas del Registro Civil”, con los requisitos, modalidades y seguridades que estipula al Código Civil en sus artículos 36, 37, 38, 41 y 53.

El registro Civil es una institución moderna que fue creada por la iglesia con fines meramente religiosos y se adoptó más tarde por el Estado para la comprobación del estado civil de las personas.

Como lo estipula el artículo 35 del Código Civil, en el Distrito Federal el Registro Civil está a cargo de los jueces designados para tal efecto. Anteriormente los jueces eran llamados Oficiales.

Los Jueces del Registro Civil asentarán en formas especiales, que se denominarán “Formas del Registro Civil” las actas antes mencionadas. Las inscripciones se harán mecanográficamente y por triplicado, según lo dicta el artículo 36 del Código Civil.

Las actas del Registro Civil sólo se pueden asentar en las formas a que se refiere el párrafo anterior. La infracción a esta regla producirá la nulidad del acta y se castigará con la destitución del Juez del Registro Civil, de acuerdo al artículo 37 del Código Civil.

Si se perdiere o destruyere alguna de las Formas del Registro Civil, se sacará inmediatamente copia de alguno de los ejemplares que obren en los archivos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuidará de que se cumpla la mencionada disposición y a este efecto, el Juez del Registro Civil o el encargado del Archivo Judicial, le darán aviso de la pérdida. Artículo 38 del Código Civil.

La formas del Registro Civil serán expedidas por el jefe del Departamento del Distrito federal o por quien él designe. Se renovarán cada año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el transcurso del primer mes de año, un ejemplar de dichas formas del Registro Civil del año inmediato anterior al archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el otro, con los documentos que correspondan, quedará en el archivo de la oficina en que se haya actuado; así lo establece el artículo 41 del Código Civil.

Al Registro Agrario Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Agraria, le compete llevar el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de la propia Ley Agraria.

El Registro Agrario Nacional proporciona un total de 65 trámites de carácter registral, catastral y documental, que representan más de 750,000 solicitudes anuales de servicio, por lo que es un Registro activo, confiable, con gran movilidad y demanda por parte de los usuarios.

Con base en las atribuciones a su cargo, al Registro Agrario Nacional inscribe los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal, así como de las figuras asociativas previstas por la legislación agraria aplicable y, participa en el ordenamiento y regularización de la propiedad rural, social y privada, a través de las funciones de registro y su publicidad, del resguardo documental y de la asistencia técnica y catastral.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, las atribuciones más representativas de éste organismo, son las siguientes:

• Llevar el control registral de la propiedad social que asciende a 103.5 millones de hectáreas, que representan el 52 % del territorio nacional del que son propietarios 29,942 ejidos y comunidades existentes en el país y, de los derechos individuales de aproximadamente 3.5 millones de familias campesinas que los integran; cobertura territorial y de derechos individuales en la que no se compara otro registro público;

• Inscribir las resoluciones jurisdiccionales que creen, modifiquen, transfieran o extingan derechos en materia agraria y, emitir constancias y copias certificadas del protocolo registral y del resguardo documental a su cargo;

n México existe una institución encargada de regular todo lo relacionado con el registro y la protección de la propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía; es un organismo autónomo, incluso presupuestalmente.

Los recursos de los cuales depende el IMPI, provienen directamente de los trámites que realiza, como: registro de marcas, protección de los derechos de autor, registro de patentes entre otras gestiones en las que trabaja.

El principal objetivo del IMPI registro de marcas es regular y proteger jurídicamente la propiedad industrial a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, tales como el trámite para obtener patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Este instituto cuenta con las atribuciones legales para combatir cualquier clase de situación que afecte directamente los derechos de propiedad industrial, pudiendo imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y declarar así la nulidad, cancelación o caducidad de los mismos.

Otra atribución importante con la que cuenta el IMPI, es la facultad de realizar visitas de inspección, en las cuales puede confiscar mercancía pirata y establecer sanciones como la clausura de algún establecimiento.

La oficina central del IMPI México se encuentra en el Distrito Federal y cuenta con oficinas regionales en distintos estados del país, por lo que no es necesario trasladarse del interior de la República para realizar los trámites, ya que los departamentos de todas las localidades cuentan con la facultad de realizar cualquier gestión.

IMPI registro de marcas, lo que quiere es tratar de erradicar el consumo de productos pirata en México, ya que está convertido en un problema social que provoca la pérdida de empleos y frena el desarrollo económico del país.

La autoridad administrativa encargada del derecho de autor en México es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con funciones y facultades.

El INDAUTOR quedó establecido

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