BRICS CHINA Reformas institucionales sin democracia

CHINA

Reformas institucionales sin democracia

A partir de 1978 se dieron una serie de reformas dentro del PCCh (Partido Comunista de China). Su estructura administrativa fue reducida y disminuyó su injerencia en la toma de decisiones de tipo económico. El estado se movió hacia la descentralización económica, fiscal y del sistema de beneficios de bienestar social.

La reforma económica incluyó el establecimiento de un sistema de contratos fiscales por el cual las provincias podrían retener una mayor parte de sus ingresos, lo que facilitaba la implementación de políticas acordes a los intereses locales. Como contrapartida, deberían hacerse responsables de la elaboración de sus presupuestos, de cubrir su déficit y de desarrollar estrategias para generar sus propios ingresos.

El mantenimiento del PCCh en el poder dependía en gran parte de la eficacia en la gestión de gobierno, sobre todo en el plano económico, y de la elevación del nivel de vida de los trabajadores, lo cual estaba asociado directamente con la conversión del país en una nación industrializada y desarrollada.

La reforma educativa y la reversión de la Revolución Cultural

Se priorizó la creación de colegios y universidades competitivos, los exámenes nacionales fueron estandarizados, se impusieron límites de edad y carreras de cuatro años, y se abolió el trabajo manual como parte del plan de estudios. Alrededor de un grupo selecto de instituciones superiores se creó una red de colegios primarios y secundarios de elite. Consideradas como “puntos clave”, estas instituciones tuvieron privilegios en la asignación de recursos y elección de sus alumnos.

Se rehabilitó el rol de los intelectuales en la clase trabajadora, abolieron las “etiquetas” de clase y los antecedentes familiares ya no fueron obstáculos para el acceso a educación superior.

En 1982, se proclamó la Cuarta Constitución que mantuvo el concepto de dictadura del proletariado como etapa transitoria, pero eliminó la lucha de clases como motor de la dinámica social. Dicho texto reforzaba los derechos de la ciudadanía y las facultades de los tribunales, eliminaba las comunas populares, retomaba la división político administrativa establecida en 1954 (el territorio se dividió en veintiún provincias y cinco regiones autónomas), y, por último, eliminaba las “Cuatro Libertades” (de hablar libremente, de expresar los propios puntos de vista, de escribir carteles de protesta y de participar en grandes debates), junto con el derecho de huelga.

Cambios en la agricultura, incentivos a la iniciativa privada y apertura económica

El “socialismo con particularidades chinas” (socialismo de mercado) fue creado a partir de una sucesión de normativas destinadas a la descentralización de la toma de decisiones económicas y al cambio de los mecanismos de regulación y administración, en un contexto de predominio de la propiedad pública de los medios de producción, para favorecer el desarrollo de la actividad privada y la actividad estatal a través de incentivos materiales. En el ámbito agrícola el impacto fue fuerte debido al “sistema de responsabilidad familiar” basado en contratos. Dicho sistema involucraba a un equipo de producción (parte de una aldea) y a una familia concreta. Se firmaba un contrato donde se estipulaban tanto las parcelas de tierra asignadas como las metas de producción y la compensación que recibiría cada una. De esta forma, la familia campesina individual se erigió como la unidad básica de producción.

Las reformas permitieron el surgimiento de “familias especializadas” en el campo que participaban de la industria y el comercio rurales privados. Gradualmente, muchos productores rurales se convirtieron en pequeños o medianos empresarios agrupados en familias.

La apertura económica se formalizó en 1980 con la creación de zonas económicas especiales (ZEE) de economía y sistemas de propiedad mixtos, con la introducción de cambios legislativos tendientes a facilitar las importaciones y exportaciones y con el otorgamiento de ventajas fiscales.

Las consecuencias sociales de las reformas durante los ´80 y los ´90

Con la apertura económica, aparecieron el desempleo, la inflación, los problemas de remuneración y las malas condiciones de trabajo que hicieron surgir nuevas tensiones sociales. La brecha entre promesas y realidad se hizo más profunda.

La disparidad de ingreso rural-urbano y el excedente de mano de obra rural crearon una masa de población migrante que continuó moviéndose hasta principios del S. XXI desde las áreas rurales hacia las urbanas y del área centro-oeste hacia las costeras. Muchos de estos migrantes son trabajadores de tipo temporal, ocupados en puestos de baja cualificación o alto riesgo.

En teoría, la movilidad de las personas está restringida por el hukou, sistema que inscribe a cada persona en un lugar especifico y requiere que todo cambio de residencia sea autorizado y registrado por los gobiernos del lugar de origen y de destino. El derecho a goce de los beneficios sociales varía de acuerdo al tipo de hukou (rural o urbano), lo cual trae malas consecuencias para los migrantes: a menos que logren cambiar su lugar de residencia en el registro, no gozarán de empleo ni de los beneficios de vivienda, salud y educación acordados a los residentes legales de la ciudad.

Los trabajadores urbanos y de las áreas rurales adyacentes se encuentran en mejor posición, pero su situación se ve afectada por otro factor: las prácticas cotidianas del trabajo en las empresas. Estas son: bajos salarios, atrasos en los pagos, retención de parte del dinero hasta el final del año por la empresa, jornadas de trabajo de 10 a 12 horas, siete días a la semana, malas condiciones de trabajo y ausencia total de cobertura médica.

Durante los años ochenta, el desempleo y la suba de los precios de ciertos bienes de consumo afectaron sobre todo a los empleados públicos que perdieron seguridad laboral al tiempo que sus salarios permanecieron fijos. En 1985, el principio estatal del “cuenco de arroz de hierro”, una garantía de empleo permanente a los trabajadores del sector estatal, fue desvirtuado por la flexibilización de los términos de contratación y despido de mano de obra. Otro factor de tensión, desarrollado junto con el cambio económico, fue la corrupción a nivel estatal y empresarial.

Una movilización (desde abajo) por la apertura política

Ante la situación de no poder expresar el descontento a través de la vía electoral o de los mecanismos de libre expresión, se sucedieron una serie de campañas de propaganda destinadas a exigir libertad de expresión, prensa libre y democracia (en el sentido de apertura gubernamental, no en el de multipartidismo). Sin embargo, sirvieron, más que nada, a conformar a la oposición conservadora más que a revertir el declive de los valores socialistas. El carácter cíclico y la brevedad de esas campañas dan cuentan de la superficialidad con que fueron llevadas a cabo y de su ineficacia práctica.

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