Reforma Procesal Penal

Introducción

En la última década el Estado chileno comenzó con la idea de modernizar el sistema judicial. De esta forma el sistema de administración de justicia judicial adopto y adecuo los estándares de derechos humanos internacionales, adecuándolos a diferentes sectores como el político, cultural y social.

En este informe se investigara y analizara la reforma procesal penal la cual es un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales, que terminó con el sistema inquisitivo, y estableció un esquema acusatorio, en que se dividen las funciones de investigar, procesar, y dictar sentencia en las causas.

La reforma procesal penal se ha implantado en Chile, con el fin de entregar una justicia más justa, rápida y eficiente, ya que esta reforma pretende que el poder punitivo no se concentre en una sola persona como ocurría en el sistema anterior, en el cual el encargado de resolver un juicio era el juez del crimen.

El proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. Las acciones que se desarrollan en el marco de estos procesos están orientadas a la investigación, la identificación y el eventual castigo de aquellas conductas que están tipificadas como delitos por el código penal.

El derecho penal, por lo tanto, refiere al grupo de las normas jurídicas encargadas de establecer el castigo que corresponde a aquel que comete ciertas faltas. Se incluyen en esta órbita, por lo tanto, las leyes aprobadas por el Estado que tipifican delitos y sus correspondientes castigos, al igual que los procedimientos que permiten aplicar estas sanciones

¿Por qué se hizo la reforma procesal penal?

El 12 de octubre de 2000 fue publicada la ley N° 19.696 en el Diario Oficial, que contiene el nuevo Código Procesal Penal. En diciembre de 2000, en las Regiones de Coquimbo y la Araucanía se comenzó a aplicar el nuevo sistema. Luego ingresaron gradualmente las otras regiones hasta el 2005, cuando comenzó a regir en la Región Metropolitana de Santiago, completando así su entrada en vigencia en todo Chile. El cuerpo jurídico reemplazó al antiguo Código de Procedimiento Penal, que databa de marzo de 1907, dando inicio a un proceso de cambio de importantes políticas públicas destinadas a la modernización y adecuación del sistema judicial a los principios de un Estado de Derecho. En esta perspectiva, estas políticas públicas tienen como objetivo incorporar los derechos humanos y los estándares internacionales sobre esta materia a los sistemas de administración de justicia, así como adecuarlos al desarrollo social, económico, político y cultural experimentado por la sociedad chilena en las últimas décadas. De forma resumida se puede decir que esta reforma es un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales, que terminó con el sistema inquisitivo, en el que el juez era quien dirigía las investigaciones de los delitos, luego acusaba a los detenidos y emitía sentencias, y estableció un esquema acusatorio, en que se dividen las funciones de investigar, procesar, y dictar sentencia en las causas.

La reforma terminó con los sumarios secretos, las detenciones preventivas, los autos de procesamiento, los actuarios y expedientes que formaban parte del antiguo procesamiento penal escrito.

Para entender de mejor manera lo que trata de plantear esta reforma hay que tener ciertos conceptos claros, como que es el ministerio público, que es un fiscal, que es la defensoría penal pública, entre otras cosas.

El Ministerio Público (Fiscalía) es un organismo estatal autónomo, que no es parte de ninguno de los poderes del Estado, y que se encarga de dirigir la investigación de los delitos, formalizar la investigación en contra de determinadas personas, acusar a los presuntos responsables y proteger a víctimas y testigos. Trabaja en coordinación con Carabineros e Investigaciones y los organismos auxiliares, como por ejemplo, el Servicio Médico Legal y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Un fiscal es el representante del Ministerio Público, que se encarga de investigar los delitos y si el caso lo amerita, llevar ante los tribunales a los imputados como autores, cómplices o encubridores. Durante la investigación, el fiscal debe indagar lo que perjudique al imputado, pero el principio de objetividad lo obliga también a averiguar aquello que lo favorezca. En los juicios, defenderá los intereses del Estado y presentará evidencias en contra del acusado.

La defensoría penal pública es la entidad estatal encargada de proveer un abogado defensor a todas las personas que así lo requieran y no contraten defensa particular. Funciona bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia. La labor de esta institución es dar defensa legal y profesional al imputado, informarle de sus derechos y de los procedimientos legales en que se verá involucrado, y solicitar al tribunal, medidas de protección en su favor. Estos defensores son públicos o pueden ser privados, licitados por la Defensoría. Si le imputan un delito, le preguntarán si tiene un abogado particular que se encargue de su defensa. Si no tiene, le asignarán un profesional de la Defensoría Penal Pública. Si se cuenta con los recursos suficientes, el servicio debe ser pagado. Si la persona no tiene los medios económicos, el abogado trabajará en forma gratuita para el imputado.

El sistema actual está diseñado para que sólo los casos de mayor gravedad lleguen al juicio oral, en el que en una o más audiencias el fiscal y el defensor presentan pruebas y testigos ante los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal. Luego de concluir la presentación de pruebas y los alegatos de las partes, los jueces dictan sentencia, que puede ser una condena o la absolución del o los imputados.

El imputado o acusado cuenta con ciertos derechos, como por ejemplo, ser informado de la causa de su acusación y de sus derechos legales, contar con un abogado defensor (incluso gratis, si no cuenta con recursos), solicitar diligencias para desvirtuar las acusaciones, pedir audiencia al juez, declarar sin necesidad de juramento y no declarar si lo desea.

Un juez de garantía es quien debe, principalmente, velar porque las autoridades (en particular los fiscales y los policías) no se extralimiten al perseguir a los sospechosos de un delito, afectando los derechos fundamentales del imputado. Debe decidir sobre cualquier materia que le consulten los fiscales durante sus investigaciones, en especial si es sobre alguna diligencia

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