PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL POLITICO.

Administrative Procedures as Instruments of Political Control.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL POLITICO.

Los procedimientos administrativos son otro mecanismo para inducir al cumplimiento. Requisitos de procedimiento afectan el ambiente institucional en el que las agencias de tomar decisiones y no limitan el alcance de una agencia de las acciones de política factibles. En reconocimiento de esto, los funcionarios elegidos pueden diseñar procedimientos para resolver dos problemas prototípicos de control político. En primer lugar, los procedimientos se pueden utilizar para mitigar los inconvenientes de información que se enfrentan los políticos en el trato con las agencias. En segundo lugar, los procedimientos se pueden utilizar para facultar a los componentes importantes en los procesos de toma de decisiones agencia, asegurando de esta manera que las agencias tengan en cuenta sus intereses.

El más sutil y, en nuestra opinión, lo más interesante de los controles de procedimiento es que permiten los líderes políticos para asegurar el cumplimiento sin especificar, ni siquiera necesariamente saber, lo que es más resultado sustancial en su interés. Por el control de procesos, los líderes políticos asignan grados relativos de importancia para los electores, cuyos intereses están en juego en un procedimiento administrativo y de ese modo canalizar las decisiones de un organismo hacia los resultados sustantivos que son, (más favorecida b) 'los que están destinados a ser beneficiado por La política. Los líderes políticos pueden ser sensibles a sus representados con () t KNO (ala, (r necesidad de conocer (, los detalles de la política de los resultados que quieren estos constituyentes.

La idea de que el derecho administrativo desempeña un papel importante en el control político no es nueva. Sin embargo, el análisis académico ha dejado a muchas controversias y rompecabezas. El estudio tradicional de derecho administrativo, revisado en detalle por Stewart, ve a los procedimientos administrativos como medio de asegurar la equidad y la legitimidad de las decisiones de los administradores.

Sus fundamentos son los principios constitucionales y comunes ley de la no delegación, la separación de poderes, el debido proceso, y otros procedimientos que protegen contra las decisiones autocráticas y caprichosas de las autoridades gubernamentales.

Un rompecabezas importante que se desprende de este punto de vista es la razón por el derecho administrativo es tan complejo como es, y sobre todo por qué la legislación especifica a menudo procedimientos administrativos que van más allá de los requisitos para asegurar la conformidad con estos principios.

Entre estos rompecabezas están las diferencias entre las agencias reguladoras en trámites de las decisiones políticas, cumplimiento y control judicial. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (ELPA) y la Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) a menudo regulan los mismos contaminantes, OSHA dentro del lugar de trabajo y la EPA en todas partes, sin embargo, sus procedimientos de establecimiento de prioridades a los métodos para las regulaciones que evalúan, a tiempo, alcance y naturaleza de revisión- judicial son bastante diferentes.

Obviamente, ni la ley ni constitucional común requiere que el mismo problema se atacó de diferentes maneras por diferentes organismos para lograr la equidad y la legitimidad política.

La teoría política positiva ha ignorado prácticamente los procedimientos administrativos en el análisis de cómo los actores políticos-el presidente y el Congreso-pueden retener el control de la formulación de políticas cuando se trata de las burocracias. La teoría sostiene que los actores políticos puedan obtener y conservar el cargo en parte sobre la base de los resultados de las políticas, incluyendo el rendimiento global o "salida" de un programa y la distribución de sus beneficios y costes entre las categorías de relevancia política de los ciudadanos. Esta superestructura teórica se basa en la asunción del control político efectivo de la burocracia. Sin embargo, la literatura sobre la supervisión política proporciona buenas razones para creer que los medios tradicionales de control político son poco probable que sea muy eficaz. El rompecabezas es que si los actores políticos no pueden controlar las decisiones administrativas y, por tanto, los resultados de política, sus preferencias y las de sus constituyentes, son irrelevantes, y es difícil imaginar por qué el rendimiento en el cargo debería importar en absoluto a los votantes en la evaluación de los candidatos.

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