Atencion A La Primera Infancia

Atención y Educación de la Primera Infancia

La primera infancia se define como el periodo que va del nacimiento hasta los ocho años de edad. Etapa de extraordinario desarrollo del cerebro, esta fase sienta las bases del aprendizaje posterior.

En los países en desarrollo, 10,5 millones de niños menores de cinco años mueren anualmente, víctimas de enfermedades que podrían prevenirse.

La UNESCO fomenta programas de atención y educación de la primera infancia (AEPI) que se ocupan de la salud, la alimentación, la seguridad y el aprendizaje, y que contribuyen al desarrollo integral de los niños. La AEPI forma parte de un conjunto de programas que tienen por objeto la promoción de una educación inclusive

La Oficina del IIPE en Buenos Aires lanzó un nuevo sitio web dentro del marco de SITEAL*: elSIPI (Sistema de Información Sobre La Primera Infancia) sistematiza la información sobre las acciones orientadas al cumplimiento de los derechos de la primera infancia en América Latina, y da cuenta del grado de cumplimiento de estos derechos. El sistema ofrece datos actualizados de las normativas y las políticas en 19 países y provee estadísticas regionales. Para facilitar la búsqueda, se puede acceder a los datos filtrados por país o por grupo de derechos.

Desde el enfoque adoptado por el SIPI, se concibe a las niñas y niños pequeños como sujetos de derechos. No se considera a la niñez como una etapa de paso hacia la adultez sino como un momento de la vida con valor en sí mismo y se entiende a las acciones públicas orientadas a la primera infancia como una obligación de los Estados.

La perspectiva de derechos ofrece así un marco rico desde el cual abordar a la primera infancia al establecer claramente aquello que el Estado debe garantizar a un niño desde los inicios de la vida.

* El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) es un programa conjunto desarrollado entre el IIPE y la OEI. Busca promover un mayor entendimiento sobre los sistemas educativos y la relación entre la educación y el nivel de vida en los países de América Latina, a través de la sistematización, el procesamiento, el análisis y la difusión de la información cuantitativa producida por diversas instituciones públicas de la región, así como el conocimiento conseguido a partir de tal información.

Todo niño tiene derecho a la educación

El derecho a la educación no es sólo un derecho humano en sí mismo, sino que también es un factor esencial para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. El 20 de noviembre de 2010, el mundo conmemora el aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Pero qué ha significado este documento para el derecho de los niños a la educación?

“Esta Convención es el mejor ejemplo de ratificación de cualquier convenio. Ha recibido un respaldo universal, con la excepción de dos países”, señala Kishore Singh, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. “Lo que necesitamos ahora es centrarnos más en la aplicación eficaz del derecho a la educación, en particular en el plano nacional, de conformidad con lo estipulado en los artículos 28, 29 y 30 de la Convención”.

La brecha entre la ratificación y la aplicación puede verse en el hecho de que 69 millones de menores, la mayoría de los cuales son niñas, todavía siguen privados de enseñanza. Incluso muchos de los que tienen acceso a la escuela reciben una instrucción de escasa calidad y dejan la enseñanza sin haber adquirido las competencias básicas o el respeto por el prójimo u otros valores fundamentales.

Entonces, ¿qué potestad tiene la Convención sobre los Derechos del Niño? “Su autoridad, para los Estados que la han ratificado, consiste en que es vinculante”, afirma Kishore Singh, y señala que, según los artículos 28, 29 y 30 de la Convención, los Estados tienen la obligación jurídica de garantizar el derecho a la educación. “En su condición de garantes y promotores del derecho a la educación, los Estados deben incorporar esas obligaciones a sus Constituciones y códigos jurídicos, y deben tomar medidas para mejorar las políticas y estrategias relativas a la educación, a fin de hacerlas efectivas”, añade. Y termina diciendo. “En el vigésimo aniversario de la Convención, ese es el reto máximo: eliminar las desigualdades en materia de enseñanza y velar por que las obligaciones esenciales de los Estados en lo tocante al derecho a la educación permanezcan en primera plana, a fin de acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y hacer avanzar la iniciativa de Educación para Todos, mediante el reconocimiento de que ese principio no es sólo un derecho humano en sí mismo, sino además un factor indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

El indicador de gasto público en educación como porcentaje del PIB permite tener una idea acerca de la prioridad que reviste la educación dentro de la asignación de recursos de un país. América Latina y el Caribe, para el año 2008, destinan en promedio alrededor del 4,7% del PIB para la educación. Dicho porcentaje es bastante cercano al promedio de inversión en este ítem que registran los países de la OCDE que asciende al 5,7% del producto.

Analizando el gasto educativo en relación al PIB, que mide el esfuerzo que realizan los países en inversión educativa, se observa en el gráfico siguiente que Cuba es el que más inversión pública tiene en este tema con un nivel del 13% del producto interno bruto. Los demás ejecutan un gasto bastante más conservador que sólo en seis casos (San Vicente, Barbados, Bolivia, Santa Lucía, Jamaica y Guyana) alcanza entre el 6 y el 7%. Mientras que en otros 13 países la inversión en educación llega a niveles más modestos que se ubican entre el 2 y el 4%. El caso extremo es Bermudas que apenas destina el 1,2% del PIB a educación.

El gasto público en educación bajó su nivel de participación en el PIB, del 5% en el año 2000 al 4,7% en el año 2008. Esto se debe posiblemente a que el gasto en educación se expandió en este período a un ritmo menor al de economía en su conjunto. Comparando entre países, se pueden registrar comportamientos algo disímiles, ya que algunos experimentaron un incremento de esta participación de entre uno y dos puntos porcentuales, como son los casos de Barbados, Bolivia, Jamaica y Brasil. El caso de Cuba es excepcional, ya que su incremento es del orden de los seis puntos porcentuales. En los demás casos, la participación del gasto educativo con respecto al PIB se mantiene en niveles similares o ligeramente inferiores al correspondiente al año 2000, excepto en Santa Lucía, Guyana, Paraguay y Panamá donde se redujo su participación

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