AUTONOMIA AL ATUTORITARIMO.

LA EDUCACIÓN, EL ESTADO, LO PÚBLICO Y LO PRIVADO DE LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA

Trabajo elaborado por Wanda Bernardini

de la agrupación Agreta Merlo

  Este trabajo pretende ser un pequeño aporte al debate planteado en torno al tema del Estado, lo público y lo privado en el marco de la globalización capitalista. Por ello, en estas páginas sólo intento sugerir, probablemente ejemplificar, algunas de las maneras en que se estructura la legitimación del Estado capitalista a través del sistema educativo.

  Partiendo de la base de que las políticas públicas son intervenciones concretas tanto como omisiones concretas del Estado hacia la sociedad, me pregunto, a lo largo de este análisis, si las características que imprime el actual Estado globalizado a sus políticas educativas, constituyen respuestas de reacción ante la crisis o bien forman parte de una modalidad de legitimación deliberada de exclusión social.

  En este sentido, resulta imprescindible revisar la naturaleza de determinadas prácticas y discursos estatales, toda vez que las políticas de Estado constituyen el escenario central de la lucha por lo público y hacen visibles las orientaciones ideológicas que las sustentan.

DE LA AUTONOMÍA Y AUTOGESTIÓN AL AUTORITARISMO

  Las políticas de descentralización (del gasto) ya por todos conocidas, que han conducido a la fragmentación del sistema educativo y su consabida secuela de competencia entre escuelas posibilitaron, que el logro más invisible del neoliberalismo haya sido el de imponer un modelo autoritario. Paradójicamente o no tanto, en nombre de la ideología, autoproclamada, de la libertad.

  Esto es de manual: en un régimen autoritario no son los gobernantes sino los gobernados los que rinden cuentas por sus acciones. De la misma forma que hoy, cada institución escolar, de acuerdo al patrón competitivo instalado, rinde al Estado las cuentas de sus proyectos institucionales y sus logros.

  Se trata de la imposición de una escuela empresaria que, sin embargo no goza de ninguno de los beneficios de los que disponen las empresas privadas. Nótese, por ejemplo, que las partidas presupuestarias destinadas a equipamiento se envían a cada institución de acuerdo a su matrícula y no a sus necesidades, es decir, las escuelas más necesitadas, precisamente porque no captan matrícula, no tienen crédito.

  Lo mismo ocurre con la burocracia: mientras en una empresa privada ésta se restringe a la actividad de unos pocos departamentos especializados, en la educación invade la totalidad de las actividades de cada uno de sus agentes y, lo que en la empresa son normativas relativamente limitadas (la eficiencia requiere claridad y los costos pocos burócratas) en las prácticas educativas es superposición de reglamentaciones excesivas e inconexas, que más que descentralizar, descubren el corsé que impone la burocracia sobre cualquier manifestación de actividad autónoma.

  Por lo demás, la burocracia siempre ha sido la grieta por la que se filtra el autoritarismo en los sistemas democráticos y, en educación, el lamentable límite natural que desmiente el mejor esfuerzo de palabrería neoliberal.

  En este último aspecto, distingo expresamente este autoritarismo de las políticas educativas de lo que algunos autores han mencionado como la imposición de un discurso único en el plano general de toda la sociedad. La diferencia, sin embargo, no radica simplemente en el ámbito de aplicación. En primer lugar, porque en una sociedad que aún pretende conservar su condición democrática, aunque ésta sea meramente formal, un discurso autoritario puede ubicarse jerárquicamente por sobre los demás discursos pero no los anula. Si lo hiciera, no encontraría la forma de legitimarse “frente a” y, adicionalmente, impondría la necesidad de una forma de gobierno dictatorial que por el momento ha quedado fuera de foco. En segundo término porque el autoritarismo, ya sea en una forma de gobierno democrática o dictatorial, mantiene en las subjetividades individuales un potencial de rechazo que no conviene al sistema, en tanto que la imposición de un discurso único, impondría la existencia de una subjetividad conformista y acrítica. Ni siquiera en Europa o Estados Unidos, donde las democracias cuentan con mayor aceptación, tal subjetividad ha podido jamás ser constituída en el plano general de toda la sociedad.

  El supuesto del discurso único sólo habilita la difusión de teorías del tipo “fin de la historia o las ideologías” que no logran convencer, ni siquiera, a los propios liberales que siguen empeñados en reprimir cualquier evolución en el grado de conciencia de las masas que amenace al stablishment.

  En el ámbito educativo, en particular, donde el potencial de rechazo al que me he referido es evidente en cada trabajador, no se ha logrado, sin embargo, cristalizar tal potencial en una propuesta alternativa.  Los obstáculos hacia este desarrollo podrían pensarse en relación con: 1) la desconfianza abierta hacia un modelo sindical negociador y burocrático, por lo tanto, la pérdida de un espacio de deliberación esencial para los trabajadores, 2) la autoexplotación impuesta por la necesidad de supervivencia que deja pocos márgenes, en términos de tiempo disponible, para dedicar a la organización política o social y que, en el caso de la mayoría femenina que compone nuestro gremio se agrava en función de la denominada doble jornada (trabajo legal y doméstico) y por la situación, bastante ignorada, de  mujeres jefas de familia, que afrontan cada vez mayor cantidad de compañeras y 3)la propia subjetividad docente mayormente ubicada en la condición profesional que en la de trabajador.

  En todos los casos la impostura de un modelo empresarial, pero sobre todo autoritario, provoca miedo y paraliza.

DE LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO A UN PÚBLICO PRIVATIZADOR

  En gran parte del debate actual sobre la construcción de un espacio público no estatal, se sostiene que conviene a la burguesía una clara diferenciación entre Estado y Sociedad Civil. Ciertamente, en las últimas décadas, los neoliberales han venido afirmando el fortalecimiento de la sociedad civil, que identifican indistintamente con el avance del tercer sector y de los movimientos sociales. De forma más entusiasta, claro está, cuando éstos alzan su voz por reclamos de seguridad o transparencia política; dos condiciones básicas para el funcionamiento de los mercados.

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