Estado Liberal vs Estado de Justicia

1.  Estado Liberal vs Estado de Justicia: ¿Cómo sería su perspectiva en el área funcionarial institucional y administrativa?

Estado Liberal:

Se llama Estado liberal a la institución de un sistema  en el orden jurídico-político de un Estado, el cual se caracteriza por aspectos tales como la separación de los poderes públicos, la democracia,  un régimen económico de libre mercado y comercio, el sometimiento irrestricto a la ley y a la constitución, enfocados básicamente en la existencia de un Estado de derecho, y el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos y a la propiedad privada, constitucionalmente creando condiciones favorables para la economía de mercado  en tres  aspectos: seguridad jurídica,  influencia  parlamentaria y garantía  de ciertas libertades.

El Estado liberal tiene su génesis como consecuencia de la crisis del modelo político absolutista, propio de los monarquías que anteriormente en su mayoría gobernaban las naciones hasta mediados del siglo  XIX, que por diversos hechos dieron origen a la revolución liberal, mediante la cual se sustituyó el modelo monárquico, o antiguo régimen, por el modelo liberal o nuevo régimen, constituyéndose como el sistema político propio del comienzo de la Edad Contemporánea, en la nueva formación económico-social, en este sentido, el Estado liberal es un sistema político que permanece vigente hasta  la actualidad.

Estado de Justicia:

Nuestra Carta Magna, conocida como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), promulgada tras una Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1999,  señala en el artículo 02 que Venezuela se establece en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Ahora bien, para llegar a la definición de lo plasmado en nuestro Carta Magna, comenzaremos por desglosar de manera breve y simple la definición del Estado Venezolano.

Iniciando en primera instancia por el Estado de Derecho, entendiendo que es básicamente, aquel donde rige el imperio de la ley, cuyos órganos están sometidos a las normas jurídicas previamente establecidas, en el que además  están garantizadas las libertades individuales básicas y donde hay seguridad jurídica, totalmente descentralizado, ya que en él existe la separación e independencia de los poderes públicos, teniendo en sí un Estado cuya voluntad es conformada por la participación de los ciudadanos, ya sea de forma directa o través de sus representantes.

Asimismo al hablar de un Estado Democrático de Derecho, lo podemos definir como aquel donde la soberanía corresponde al pueblo y éste la ejerce, con arreglo de la ley, ya sea de forma directa o por medio de sus representantes, desde las distintas instituciones políticas del Estado, esencialmente por la Asamblea Nacional donde se conforma el Poder Legislativo.

Por su parte un Estado social de Derecho,  desarrolla una concepción de la organización estatal, que se presentó como alternativa al Estado liberal abstencionista en materia económica: el Estado social.  La  finalidad  de  este Estado no se reduce al reconocimiento de derechos y libertades individuales, sino a llevar a cabo las medidas que aseguren al hombre las posibilidades  de existencia que no puede garantizarse por sí mismo, tarea que rebasa tanto las nociones clásicas de servicio público como de la política social. Teniendo así la necesidad de la existencia del sistema de mercado como un componente central del orden económico, transformado en un Estado planificador e interviniente en la economía con el propósito de corregir los desequilibrios del mercado, en él se procura la  disminución de la desigualdad material y la distribución equitativa del ingreso nacional, que busca asegurar a la población unas condiciones vitales mínimas y el goce de servicios fundamentales. El Estado social de Derecho se presenta como una superación del Estado de Derecho, ya que no extermina su contenido esencial, sino que lo adapta a determinadas condiciones.

Ahora bien, al hablar de un Estado de Justicia, debemos entender que su sentido está relacionado a la idea de justicia social,  trayendo consigo la ampliación de las vías de participación social, económica y política, lo que sería incluido en la noción de Estado Democrático. El deber del Estado de proteger a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Son los derechos económicos y sociales, y su fundamento y objetivo no son otros que los de asegurar al ser humano las mínimas condiciones  tanto  en el  orden material como en el intelectual estando orientados más hacía  el  grupo social, hacia la comunidad. Entre los deberes estatales podemos encontrar, por ejemplo, la protección de la madre trabajadora, la protección a la mujer, a los menores de edad, la determinación de máximas  jornadas de trabajo, y la protección para la vejez, contra la invalidez y la enfermedad.

Ese interés público y social por el cual está caracterizado el Estado de Justicia, sirve de justificación para que éste fije unilateralmente un estatuto funcionarial y, además, los esquemas organizativos de la Administración Pública, donde sean creado distintos tipos de cargos y su posición jerárquica de acuerdo sea el caso, en pro siempre del bienestar social en todos los aspectos que se interrelacionan. Sin embargo debe ser tomado en cuenta como un factor fundamental, la inversión social, para que continúe haciendo frente a la guerra económica en la que nos han sumergido, con el fin único de atender la situación  que ha sufrido nuestro pueblo, principal víctima de la estrategia devastadora con la que nos ataca el imperio directa e indirectamente, lo que además ha hecho mermar la capacidad de satisfacción de necesidades básicas. Esta guerra económica ha dejado ver la debilitada situación de la economía del país, que es altamente dependiente y captadora de renta, lo  que hace necesario un cambio cultural, y que desde su raíz debe ser asumido por toda la sociedad, partiendo del Estado quien está en el deber de dar el ejemplo y a través de la creación y promoción de la cultura del mantenimiento, la recuperación de capacidades perdidas o comprometidas y el máximo aprovechamiento del potencial que tienen nuestros bienes de capital y de infraestructura mediante el mantenimiento oportuno.

Si bien es cierto que una  administración adecuada en el sistema gubernamental demuestra que el personal que realiza las actividades necesarias para el logro de los objetivos, son recursos en los que se hacen necesario invertir para sacar el mayor potencial posible, sumando además la coyuntura para romper definitivamente con la dependencia y consolidar el nuevo modelo productivo nacional. Solo así se puede agregar valor a la economía, producir riquezas en la forma de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. Se tiene entonces que el Estado, en aras de su actividad organizativa, debe continuar creando cargos, estableciendo las formas para la provisión de tales cargos mediante la designación de funcionarios públicos, que vayan escalando de acuerdo con los méritos requeridos para optar por oficios administrativos, que incentiven además a la preparación todos los involucrados en el área

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