DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Enviado por 19cmgm • 18 de Febrero de 2013 • 1.612 Palabras (7 Páginas) • 587 Visitas
Participación social en educación:
La política educativa de nuestro país atribuye muchas bondades a la participación social, como la de
elevar la calidad de la educación o garantizar la
transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Aunque el discurso oficial promueve la participación ciudadana en la educación, cuando se trata
de implementarla aparecen obstáculos para que ésta sea significativa. Esto se observa en el virtual
abandono en que se encuentra el Consejo Nacional
de Participación Social (Conapase) y en la sobrerrepresentación oficial de los miembros de los consejos municipales y escolares y su limitada capacidad
para la toma de decisiones significativas.
La actual administración federal, a través
del Programa Sectorial de Educación
2007-2012 y de la Alianza por la Calidad
de la Educación, no propone nada nuevo
a excepción de la intención de incorporar
a los padres de familia en el Programa Escuela Segura que, si bien puede ser importante, poco se relaciona con las tareas sustantivas de
la educación. Una forma de mostrar otras visiones
sobre la participación social en educación y reflexionar sobre sus posibilidades en México consiste
en revisar algunas experiencias internacionales.
Inglaterra y el impulso a la participación social
En 1997, con la llegada de Tony Blair al poder, se
dio crédito a una campaña de la sociedad civil que
había pugnado por más de 18 años para que el gobierno aceptara la responsabilidad de atender a los
niños menores de tres años. Éste fue el principio
de una larga reforma que crearía dos programas de
atención a menores (Early Excellence Centres y Sure Start), donde estaba contemplado el aspecto
educativo, y que llevaría a la creación del Ministerio de la Niñez y Personas Jóvenes. Estos programas fueron planeados considerando la participación social como uno de sus componentes más
importantes, aunque ello no estuvo exento de problemas. En primer lugar, se identificó que los principios de los que partía el gobierno y sus objetivos
no eran necesariamente compartidos por todos los
miembros de la sociedad y, en ocasiones, ni siquiera por los profesionales que conformaban su planta de personal. También resultó evidente que quienes decidieron participar en comités necesitaban
tiempo para formar y consolidar grupos y redes de
apoyo, particularmente cuando existía un antecedente de conflicto con las instituciones o había habido abuso o negligencia gubernamental.
En el caso de México la participación en
las escuelas está restringida por la Ley General de Educación, que en su artículo 12
establece los lineamientos a los que deben ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social, además de otorgar al
gobierno federal todas las facultades relacionadas con los planes y programas de estudios.
La posibilidad de integrar participantes no se logra
solamente con proporcionar una “capacitación”
centrada en la normatividad de los programas y las
intenciones del gobierno. Los tiempos para lograr
comités sólidos y funcionales tampoco se ajustan
necesariamente a los tiempos de las instituciones,
como los ciclos escolares. La participación social
no debería ser vista como un evento, sino como un
proceso que requiere de tiempo y apoyo para lograr resultados significativos. Las políticas de participación social deben alentarla desde la planeación de los programas, su implementación y hasta
la evaluación de las acciones, así como facilitar los
procesos y respetar los tiempos que la sociedad necesita para organizarse.
Por ejemplo, las consultas llevadas a cabo en
nuestro país al inicio de cada administración federal para formular el programa sectorial de educación son realizadas como eventos. Más que un pro
ceso para identificar y responder a las inquietudes
y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, parece que en el actual Programa Sectorial de
Educación 2007-12 se optó por realizar eventos
donde lo que se busca es legitimar acciones previamente acordadas. Para el caso de la Alianza por la
Educación ni siquiera se realizó una consulta. Las
políticas de participación social en el país no son
flexibles ante los cuestionamientos de la sociedad.
Los participantes en Inglaterra, al aprender a organizarse e incidir sobre las instituciones educativas pudieron, igualmente, desarrollar críticas hacia
las políticas que guiaban los programas, oponerse
a ellas e incluso formular alternativas y ejercer presión sobre los funcionarios que consideraron no
cumplían con su trabajo. Pero también buscaron
participar en las decisiones de otras instituciones.
Este punto es, de acuerdo con algunos especialistas, el que provocó que el gobierno retrocediera y,
en la reformulación de la política (Every Child Matters, 2004), dejara fuera de los programas el componente de participación social.
Como hemos mencionado en ocasiones
anteriores, la falta de voluntad política
(además por supuesto del uso político de
las escuelas) es uno de los grandes obstá-
culos que ha evitado que la participación
social tenga un verdadero espacio en nuestro país. La participación social en la educación no es más que un reflejo del estado de nuestra democracia, de la responsabilidad de los
funcionarios y de las capacidades de nuestra sociedad civil para hacer valer sus derechos.
La participación social en la educación como un medio para la observancia, la promoción
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