Clinica Procesal

1.- LA ACTIVIDAD DEL ESTADO.

1.1. ¿Qué es el Estado?

El Estado como nación, es la sociedad jurídicamente organizada, capaz de realizar la totalidad de los fines humanos, cuyos elementos principales son, entre otros, el territorio, la población y el gobierno.

1.2. ¿Cuáles son los fines del Estado?

Los fines del Estado se pueden resumir en el bien común, que, en cuanto se refiere a toda población, se convierte en bien público.

Para conseguir ese bien público, el Estado se vale de los siguientes medios:

a). Resguarda el orden, la paz y la seguridad de la Nación

b). Organiza la conducta de los sujetos de derecho mediante normas jurídicas.

c). Ejerce un poder directo sobre los ciudadanos, a través de órganos cuyas competencias están señaladas en una Constitución General.

1.3. ¿Cuáles son las funciones del Estado?

Son las diferentes formas en que se manifiesta la voluntad del Estado para alcanzar sus fines. Tradicionalmente se les ha clasificado en tres: administrativa, legislativa y judicial, lo que da origen a la teoría de la división de poderes, que implica la existencia de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial.

1.4. ¿En qué consiste la función administrativa del Estado?.

Se puede definir la función administrativa desde dos puntos de vista: uno formal y otro material.

Desde el punto de vista formal, se trata de la actividad que realiza el Estado por medio de los órganos que dependen directa e indirectamente del poder ejecutivo. Bajo esta perspectiva, será administrativo todo acto producido, por ejemplo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desde el punto de vista material, la función administrativa del Estado, se refiere únicamente a la naturaleza del acto, que debe ser de tipo administrativo, sin que intervenga con el fin de resolver una controversia –función judicial- y sin que pretenda establecer un orden jurídico –función legislativa-. Verbigracia, citamos la expedición de licencia para el funcionamiento de un negocio.

2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

2.1. ¿Qué es la administración pública?

En el ámbito jurídico, la administración pública tiene dos connotaciones: una referida al conjunto de actividades que desarrolla el Estado, y otra, al conjunto de órganos que cumplen la tarea de administración.

En ese orden, se puede definir a la administración pública como el conjunto de órganos a través de los cuales, el Estado realiza actividades para satisfacer las necesidades generales que constituyen la necesidad de los servicios públicos, las cuales se desarrollan de manera permanente y continua, y siempre de acuerdo con el interés público. Asimismo, la administración pública puede conceptualizarse como la actividad que realizan aquellos órganos para asegurar la ejecución del fin señalado.

2.2. ¿Qué son los órganos de la administración pública?

Los órganos de la administración pública son el conjunto de personas morales que cuentan con una estructura jurídica y competencia determinada, a las cuales se les encomienda la ejecución de la actividad del Estado.

Los órganos pueden pertenecer a la administración pública centralizada, a la descentralizada o paraestatal, o, inclusive, pueden tener el carácter de autónomos.

La administración pública centralizada es la que constituye el Poder Ejecutivo Federal y cuyos órganos son la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Estado, tales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Gobernación (SG), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La administración pública descentralizada o paraestatal, está conformada por órganos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, que no pertenecen al Poder Ejecutivo Federal, pero que, como lo auxilian en el ejercicio de sus atribuciones y su actuación es evaluada y vigilada por una Secretaría de Estado, forman parte de la administración pública. Como ejemplos se pueden citar Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además, existen órganos dotados de autonomía que, aun cuando tampoco pertenecen al Poder Ejecutivo Federal, tienen el carácter de públicos y forman parte de la administración pública federal. Entre ellos encontramos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Banco de México, al Instituto Federal electoral (IFE) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En los Estados y el Distrito Federal, también existen los tres tipos de órganos mencionados. Como ejemplo se pueden citar entre los centralizados, a las Secretarías de Estado; entre los descentralizados los Institutos Estatales de Seguridad Social y el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal; y los organismos locales de Derechos Humanos, así como algunas universidades estatales, entre los autónomos.

En el municipio también existe una administración centralizada, integrada por el Presidente Municipal y algunas unidades administrativas como pueden ser las Direcciones de Obras y Servicios Públicos. Además, existe una administración descentralizada, integrada, por ejemplo, por organismos municipales de agua potable y saneamiento o los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

2.3. ¿Qué tipos de órganos existen en materia administrativa?.

En atención a la materia específica de su competencia, es posible clasificarlos en órganos fiscales, órganos agrarios y órganos administrativos; estos últimos, tienen a su cargo la atención de asuntos en materia administrativa que, por exclusión, no pueden incluirse en la materia fiscal o agraria.

Entre los órganos con facultades en materia fiscal, encontramos: el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Finalmente,

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