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Trabajo de EDI II


Enviado por   •  9 de Octubre de 2019  •  Trabajo  •  3.661 Palabras (15 Páginas)  •  156 Visitas

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Objetivos generales:

  • Investigar la problemática del empleo público en Santiago del Estero.
  • Analizar las causas del empleo público en Santiago del Estero.
  • Presentar el trabajo investigado el día 18 de octubre.

Objetivos específicos:

  • Identificar las consecuencias socio-económicas producto de los altos índices de empleo público en Santiago del estero.
  • Determinar la relación entre el clientelismo, populismo y empleo público.
  • Comparar las cifras actuales de empleados públicos del NOA con las del resto del país.

Hipótesis:

A  mayor nivel de empleados públicos en la provincia de Santiago del Estero, mayor será la dependencia de éstos con el Estado.

Introducción

Para M. E. Isorni (2001) es el trabajo, con su centralidad y el reconocimiento social que tiene en nuestra cultura, como factor de integración y desarrollo social, el que abre o cierra la posibilidad de permanecer siendo parte de los sectores medios, pese a asistir a transformaciones desventajosas en el mercado laboral.

El empleo es la ocupación que le proporciona ingresos económicos a un individuo. El trabajador en el marco de un empleo, lleva a cabo una cierta actividad, recibiendo un pago por su labor.

En Argentina, según informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social (Junio 2018), se considera empleo como sinónimo de puestos de trabajo. A diciembre de 2017 el sector Público de ámbito Nacional contaba con 716.537 puestos de trabajo.

De acuerdo a sus características, es posible diferenciar entre distintos tipos de empleo. Se denomina empleo público a aquel generado por el Estado, es decir, el empleador (el contratante) es algún organismo estatal. En cambio, el empleo privado tiene como empleador a una empresa (una entidad que no es pública).

Por lo general el Estado es el principal empleador de un país. Por eso el empleo público tiene una gran importancia en la economía.

El empleado público tiene un sueldo fijo, pero no en todas las provincias de la República Argentina, es la misma cantidad de dinero. Santiago del Estero, según informes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Junio 2018), posee la mayor tasa de empleo público, pero también los salarios más bajos que el resto de las provincias.

Este hecho, nos lleva a pensar que mientras la mayor fuente de ingreso de los trabajadores sea la administración pública provincial éstos tendrán dependencia del Estado.

Por esto, en este trabajo de investigación se tomara de punto de estudio el empleo en el sector  público, considerándose que constituye la mayor fuente de ingreso de los habitantes de la provincia, más  que  el sector privado. Por lo tanto, se intentará analizar cómo influye este hecho en la economía provincial y en la relación existente entre los trabajadores estatales y el Estado como empleador, a partir de los conceptos de clientelismo político y populismo.

¿Qué es el empleo público?

El empleo público es la relación en la que el Estado es el empleador. En todos los países el Estado es el empleador más importante,​ con un promedio que oscila entre el 10-20% de la población económicamente activa  y máximos del 28% del total de la fuerza de trabajo, en Noruega y Suecia, hasta mínimos del 5% en Corea y Japón.

Según un informe de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). La proporción de empleados públicos es de las más altas del mundo.

El estudio precisó que el empleo asalariado en el sector público en el último lustro creció 4,4% por año, mientras que el incremento de los puestos de trabajo en el sector privado en ese lapso fue de 2 por ciento.

El documento indicó que el empleo público en las administraciones nacional, provincial y municipal "alcanzó una gravitación superior al 21% del total" y sostuvo que "semejante desproporción" explica "en parte el generalizado debilitamiento de las finanzas públicas".

La relevancia del empleo en el sector público de Argentina "se ubica entre las más altas del mundo", concluyó el Instituto de Estudios Laborales y Sociales (IDELAS) de la UCES.

La estadística del INDEC de Distribución Funcional de los Puestos de Trabajo hasta el segundo trimestre de 2015 reveló que en todo el país se registraron en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 1.678.426 empleados asalariados en el sector público en su conjunto y 6.490.745 personas en el ámbito privado, indicó la UCES. De ahí surgió una proporción de más de 1 por cada 4 entre uno y otro, El estudio comparó esa gravitación del 21% con los casos de México (10%), Alemania (11%), Brasil (11,5%) y Chile (9,2%). La proporción de empleo público está en línea con la de Canadá (20%) y Venezuela (19%). En un grupo de países europeos, la proporción es mayor: Francia (22%), Polonia (25%), Suecia (26%), Dinamarca (32%) y Noruega (34%).

En América Latina, según el informe de CEPAL y la OIT, el empleo registrado ha bajado notablemente, entre los años 2011 y 2014.  Sin embargo en el caso de  Argentina, según informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social (2018)  los puestos de trabajo en el sector público ha crecido notablemente en los últimos años, más que en el sector privado. Este hecho, podría entenderse, si tenemos en cuenta que los empleos del sector público varían en su forma de contratación y actualmente hay muchos empleados que mantienen un contrato que se renueva periódicamente, dependiendo de la situación de cada sector de la administración pública, provincial y municipal.

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En principio, el empleo público está regulado por normas diferentes de las que encuadran el empleo privado, integradas en el marco del Derecho administrativo. Tradicionalmente, la negociación colectiva había sido excluida del campo del empleo público, pero más recientemente, varios países la han establecido, en el marco del Convenio Nº 154 de la Organización internacional del trabajo (OIT) sobre el Fomento de la Negociación Colectiva, de 1981. En algunos países se han establecido también restricciones a ciertos derechos laborales de los empleados o funcionarios públicos, como el derecho de huelga y la sindicalización.

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